La discusión sobre la autonomía de las policías locales en la provincia de Buenos Aires tomó mayor relevancia en los últimos días, en el marco de una serie de hechos de inseguridad que ganó centralidad en la agenda política y se trasladó a la mediática.
En un encuentro reciente que tuvo como sede la ciudad de Pilar, intendentes -interpelados por sus propios vecinos- reclamaron mayor control operativo y volvieron a poner sobre la mesa inquietudes y pedidos que no son nuevos.
Sabido es que la provincia de Buenos Aires presenta características heterogéneas, con un conurbano densamente poblado y ciudades intermedias del interior que conviven con particularidades propias. En esa diversidad, precisamente, surge el argumento de cada uno de los distritos acerca de una mayor autonomía, subrayando que “nadie conoce mejor el territorio, los conflictos barriales y las dinámicas del delito” que los propios gobiernos municipales.
El eje de las discusiones, en sí, tiene que ver con la posibilidad de promover fuerzas y políticas de prevención que aporten una respuesta más rápida y cercana ante el delito, con herramientas en manos de los intendentes.
No obstante, esto no puede confundirse con la fragmentación institucional: la seguridad requiere coordinación, inteligencia criminal y criterios unificados.
A lo largo de los años, en diferentes etapas, la Policía bonaerense mostró dificultades –sobre todo en el conurbano- para construir vínculos de confianza con las comunidades, por eso no resulta importuno avanzar hacia un esquema en pos de aportar soluciones a las demandas crecientes.
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