La celebración del Día del Trabajador encontró este año a la Argentina en una situación que no es nueva, pero sí cada vez más exigente.
Con la recientemente sancionada reforma laboral como contexto, las transformaciones del mercado (aceleradas por la tecnología, la informalidad persistente y las tensiones económicas) plantean un escenario en el que trabajar no siempre garantiza estabilidad, y mucho menos progreso.
A lo largo y ancho del país se palpan realidades dispares, sectores dinámicos que logran insertarse en la economía del conocimiento, con empleos bien remunerados y proyección internacional. Pero por otro no puede ignorarse que un segmento significativo de trabajadores se desempeña en la informalidad, sin acceso a derechos básicos ni protección alguna.
Esta dualidad no solo profundiza la desigualdad existente, sino que además conspira en contra del tejido social en puntos geográficos específicos en los que estas diferencias incrementan los índices de exclusión y marginalidad de manera exponencial.
Tampoco, en este análisis, debería perderse de vista el impacto directo sobre los salarios de la inflación que -con una suba sostenida a lo largo de los últimos 11 meses- erosiona los ingresos y pulveriza el poder adquisitivo de millones y millones.
Desde hace décadas, en este país la discusión de fondo gira en torno a cómo generar empleo de calidad de manera sostenida, lo que implica, además de revisar marcos regulatorios, incentivar la inversión productiva y apostar a la capacitación y la formación continua de los ciudadanos.
En un mundo donde los parámetros cambian de modo constante, la actualización de saberes y conocimientos deja de ser una opción para convertirse en una necesidad. Y eso tampoco puede desconocerse.
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