Por Redacción Grupo La Verdad
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, reafirmó esta semana la dura postura del Gobierno de Javier Milei tras la masiva marcha federal universitaria. Y si bien consideró que «tienen derecho a manifestarse», dejó en claro que “la ley de financiamiento nació muerta”, pese a ser aprobada y ratificada por el Congreso.
«Podés juntar 100 mil personas, un millón o cinco millones, pero al día siguiente la restricción presupuestaria sigue estando ahí», dijo Álvarez, un día después de la contundente manifestación que congregó a cientos de miles de estudiantes, trabajadores universitarios y otros integrantes de la comunidad educativa en todo el país para pedir que se cumpla con la ley de Financiamiento Universitario.
«La ley de Financiamiento nació muerta, porque viola el principio presupuestario», insistió antes de explicar que toda ley que no especifica el origen de sus fondos, queda sin efecto según la normativa vigente. “La ley de ejecución presupuestaria dice claramente que toda ley que se haya votado y no indique la fuente de financiamiento, será promulgada y suspendida en el mismo acto”, amplió en declaraciones a radio Mitre.
La Corte Suprema quedó en condiciones de resolver la disputa judicial entre el Gobierno y las universidades nacionales por la aplicación de la ley, en un expediente que ya atravesó las instancias inferiores y ahora espera una definición del máximo tribunal.
“Que se cumpla la ley”
Bajo el lema “Cumplan la ley”, la UNNOBA llevó adelante el pasado martes una jornada de reclamo exigiendo al Gobierno nacional la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por amplia mayoría en el Congreso.
La iniciativa se desarrolló en coincidencia con la Cuarta Marcha Federal Universitaria impulsada por las universidades nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La principal oradora de la jornada, fue la vicerrectora Florencia Castro, quien expuso la situación que afronta el sistema universitario: “Estamos reclamando algo tan absurdo como que se cumple una ley. Para la UNNOBA es algo inédito tener que estar acá sentados en la calle, pero no nos queda otra opción que salir a reclamar y hacerlo acompañados por la comunidad de la región que sigue viendo en nuestra institución una herramienta de transformación social muy importante”.
Castro hizo un resumen de las distintas circunstancias que atravesó el conflicto entre las universidades públicas y el Gobierno nacional, desde la asunción de Javier Milei: “El Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario; el Gobierno la vetó y, después de ese veto, el Senado ratificó la ley. En virtud de la negativa del Poder Ejecutivo de darle cumplimiento a la norma, las universidades en conjunto acudimos a la Justicia para reclamar el cumplimiento de la medida”.
“En el ámbito judicial, el reclamo colectivo de las universidades atravesó diferentes instancias, tanto la primera instancia, como la Cámara de Apelaciones, les dieron la razón a las universidades en sus fallos”, describió la vicerrectora de la UNNOBA señalando que “actualmente el Gobierno interpuso un recurso federal extraordinario en la Corte Suprema de Justicia”, al que consideró “una maniobra dilatoria”.
Castro, abogada y profesora de Derecho Público fue categórica en aseverar: “No hay manera de cumplir las leyes que a uno le gustan, y de no cumplir aquellas que no”.
En este punto, la vicerrectora aclaró: “No estamos hablando de presupuestos extraordinarios, ni de algo fuera de la norma. Lo que el conjunto de las universidades públicas estamos pidiendo es la actualización por inflación para los salarios”.
“Respaldo social”
En tanto, en diálogo con Grupo La Verdad, esta semana Deborat Gallinari -contadora pública, miembro de la Unidad de Auditoría Interna de la UNNOBA e integrante del equipo de gestión del Rectorado- consideró que la magnitud de la movilización del martes dejó en evidencia el fuerte respaldo social que conserva la universidad pública.
“Quedó a la vista de todos lo que ocurrió ayer, esta masiva cantidad de gente que se movilizó a lo largo y a lo ancho del país. En Junín también quedó demostrado que la UNNOBA es un referente regional muy importante”, afirmó.
En ese sentido, cuestionó las interpretaciones políticas que intentaron reducir el sentido de la convocatoria.
“Calificar a la marcha como opositora es una manera de quitarle importancia a una expresión contundente de la sociedad y al apoyo que le da a la universidad pública y a todo lo que hace la universidad en sus distintos ámbitos”, sostuvo.
Incluso, remarcó que ninguna fuerza política logra hoy generar una movilización semejante.
“Ningún partido político, oficialista u opositor, es capaz de juntar semejante cantidad de gente a lo largo y a lo ancho del país”, expresó.
Y recordó el impacto que la universidad pública tiene sobre las posibilidades de desarrollo individual y movilidad social.
“Mucha gente, como en mi caso, tuvo familiares que pudieron estudiar gracias a tener una universidad en su ciudad. Eso cambia completamente las oportunidades de vida”, afirmó.
“La universidad pública se defiende”
En el marco de la Cuarta Marcha Federal Universitaria a Plaza de Mayo, representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) leyeron un documento con los argumentos para exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, ante una multitud que acompañó el reclamo no solo en el acto central sino en cada ciudad del país donde hay sedes universitarias.
“Las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. La política salarial impuesta por el gobierno nacional cerró las paritarias y produjo un deterioro alarmante del poder adquisitivo: las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación ha sido 293,30 %, mientras que los salarios acumulan un incremento del 147,30 %”, cita el documento.
También menciona que “esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13 %, lo que ubica a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina”.
“La progresiva pérdida salarial causa además la destrucción de nuestras obras sociales, del sistema de salud y de los haberes jubilatorios. Las principales becas nacionales como las Becas Progresar permanecen congeladas frente a una inflación creciente, también las Becas Estratégicas Manuel Belgrano atraviesan una situación de incertidumbre y desfinanciamiento que afecta especialmente a estudiantes de áreas estratégicas para el desarrollo nacional”, añade.
El documento del CIN cierra con un pedido al máximo tribunal de Justicia: “Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que nos acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario. La trama que nos impulsa se funda en el derecho a la educación, el carácter alimentario de los salarios y de las becas y la obligación del Estado nacional de financiar la universidad pública”.
“No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentes, no docentes, investigadores y estudiantes sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño. Es aquí y ahora.
¡La universidad pública se defiende! ¡Por más y mejor educación pública y ciencia!”.
