Por Orlando Pulvirenti
Especial Diario La Verdad
La crisis en la obra pública nacional y la falta de utilización de los fondos recaudados por el impuesto a los combustibles para el mantenimiento de rutas han generado un efecto dominó que hoy impacta directamente en el bolsillo de los ciudadanos y en las economías regionales. Lo que comenzó como un problema de financiamiento estatal, a la par de producir una enorme desinversión en el mantenimiento de rutas nacionales y provinciales, con el consecuente riesgo y eventual pérdidas de vidas humanas; terminó además, multiplicando tasas y tributos a nivel municipal, encareciendo el costo de vida y generando una sensación de doble imposición.
Es paradigmático que a pesar de que, en los últimos años, el Estado nacional haya recaudado cifras récord por el impuesto a los combustibles —solo en 2024, $2,5 billones—, esos fondos no fueran destinados al arreglo y mantenimiento de las rutas, tal como lo establecen las leyes vigentes. El resultado es evidente y cualquiera que transite rutas nacionales lo verá rápidamente, sea la Ruta Nº 7 o 5, cada vez más deterioradas, a la que se suman ejemplos críticos como la Ruta 33 en Bahía Blanca, donde los baches y el desgaste ponen en riesgo la seguridad vial y afectan la actividad económica.
Evidentemente lo reseñado resulta ser singularmente grave en ausencia de ferrocarriles, razón por la que la producción nacional y en particular la agropecuaria, se traslada por rutas, previo paso por caminos rurales cada vez más desatendidos. La ausencia completa de obra pública tiene un efecto inexorable en este capítulo. Complejo, cuando el país necesita exportar y obtener mayor ingreso de divisas.
Ahora bien, como la mano no puede tapar el sol, bien puede dudarse de la transparencia de la obra pública, donde por cierto experiencias del pasado pueden dar la razón al que sospeche de que en ella anida corrupción, pero la salida razonable no resulta en impedirla, sino en encontrar la variable para que se canalice honesta y transparentemente. Sin embargo, ello no ha ocurrido. Al cese, no le ha seguido ninguna variable mejor o superadora. Solo inacción.
Y es así que, ante la ausencia de inversión nacional, tanto algunas provincias, como singularmente los municipios salieron a buscar soluciones propias. Y me detengo brevemente en este punto, no consiste ello en un desafío al Gobierno Nacional, sino la verificación de una necesidad palpable con la que cohabitan los gobiernos locales. Si algo sustenta el Federalismo, es la idea de que quién está más cerca del problema, más fácilmente lo detecta y pueda acudir en su solución con la prontitud necesaria. No es necesario romperse la cabeza, para saber que cuando un vecino tropieza con un bache, no puede circular, o halla dificultad del tránsito, del primero que se acuerda – sino la Justicia cuando juzga esas desatenciones – es del Intendente y de las autoridades comunales. En tal sentido, es pues entendible que sean quienes, en retroceso del Gobierno Federal, busquen como solucionarle la dificultad al vecino. Pero para ello, siempre es necesario contar con dinero.
Y en esa dirección se consolida la llamada «tasa vial», la que se generalizó en todo el país. Aparece como un recargo que se aplica sobre el precio de venta de nafta y gasoil en las estaciones de servicio y que, en muchos casos, representa un 2% adicional por litro. Municipios como Quilmes, Lanús, Almirante Brown, Luján y Pilar implementaron este año la tasa vial del 2%, mientras que Pinamar cobra una de las más altas, con un 3% sobre el valor del litro en el surtidor. Otros ejemplos incluyen Merlo (2,5% en nafta súper y 3% en premium), Moreno (2,5%), Florencio Varela (del 1% al 2%) y Avellaneda (del 0,6% al 2%).
Esta multiplicación de tasas no solo afecta a los consumidores finales, sino que también tiene un impacto directo en el transporte de cargas y en la logística de las empresas, que ven incrementados sus costos operativos. Esto se traduce en un aumento generalizado de precios en productos básicos y en insumos industriales, afectando la competitividad de las economías locales y regionales. En zonas donde la producción agrícola o industrial es la principal fuente de ingresos, el efecto puede ser devastador, generando un círculo vicioso de deterioro económico y social.
La falta de una política clara y coordinada entre el gobierno nacional y los municipios genera incertidumbre y desconfianza en la ciudadanía. Mientras los vecinos ven cómo sus impuestos aumentan sin que las rutas mejoren significativamente, la sensación de injusticia crece. Los lemas de campaña, la apelación a principios generales, o la ausencia completa de diálogo entre jurisdicciones no ayudan a obtener una solución para la población general.
En este contexto pues, la inédita reunión mantenida por los Gobernadores de las 23 provincias argentinas, junto al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de signos políticos partidarios distintos, la semana pasada exigiendo una solución por el impuesto al combustible y las obras públicas que con él se financian, y su solicitud de pase al ámbito de las jurisdicciones locales; más que ser visto como un desafío al Gobierno Nacional, debe ser evaluado como una búsqueda de solución a un problema de infraestructura concreta y al uso para el fin específico para el que fue creado del mencionado impuesto.
En tal sentido, la solución debe provenir o de un compromiso firme del Estado nacional para destinar efectivamente los recursos del impuesto a los combustibles a la red vial, junto con una mayor supervisión y coordinación con las provincias y municipios; o de una transferencia a las Provincias y a la coordinación entre estas y sus municipios.
Solo así se podrá evitar la proliferación de tasas que necesarias y razonables en la coyuntura, terminan siendo un parche costoso y poco eficiente, y se podrá garantizar una red vial segura, moderna y accesible para todos los argentinos; mientras ello no ocurra, y prospere la ausencia de diálogo, cada quién intentará crear su propia salida en un País demasiado acostumbrado al sálvese quién pueda.
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