La baja de retenciones anunciada por el presidente Milei vuelve a colocar al agro en el centro de la estrategia económica del Gobierno. La decisión de reducir los derechos de exportación al trigo y la cebada – y prometer una disminución gradual para la soja desde el año próximo- representa un gesto hacia el campo.
Durante las últimas dos décadas las retenciones funcionaron como una herramienta de recaudación para el Estado, y también como un factor de conflicto permanente entre la política y el sector agropecuario.
El anuncio de esta semana tiene una lectura económica y un sesgo electoralista de cara a los comicios de 2027. En un contexto de necesidad de dólares, el Gobierno apuesta a incentivar la producción y la exportación apuntando a obtener mejores márgenes y una mayor inversión que derrame en el volumen exportable.
En Junín, como en distintos puntos de la zona núcleo, representes de entidades y productores ven con buenos ojos la decisión del Presidente, pero a su vez reclaman profundizar reformas estructurales vinculadas a la actividad agrícola.
Mientras Milei intenta reforzar su alianza con uno de los sectores más afines a su programa de gobierno, el campo vislumbra una nueva posibilidad de modificar la relación histórica con el Estado.
Las retenciones representan una fuente importante de ingresos fiscales en un país con cuentas frágiles. La reducción gradual anunciada obliga al Gobierno a demostrar que puede compensar esa menor recaudación con crecimiento económico, aumento de exportaciones y disciplina a largo plazo. Allí estará la verdadera prueba a superar.
