La Justicia bonaerense arrastra desde hace años una problemática que tiene que ver con un reclamo que se eleva desde diversos sectores: la falta de cobertura de cargos.
Las vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías se acumulan mientras los expedientes esperan resoluciones y los justiciables observan cómo el tratamiento de causas se vuelve cada vez más lento e incierto.
No se trata de un departamento judicial específico ni de meros números de la burocracia administrativa. Cada cargo sin cubrir implica una dependencia con menor capacidad para investigar, dictar sentencias y brindar respuestas. Detrás de cada vacante hay ciudadanos que esperan y un Estado que llega tarde ante cada litigio.
La provincia de Buenos Aires concentra los mayores índices de conflictividad social y penal del país, a la vez que su sistema judicial funciona en la mayoría de los casos con estructuras incompletas y /o subrogancias que se multiplican.
Tanto desde la AJB, como desde el Colegio de Abogados de Provincia, se han elevado voces en múltiples ocasiones, sin embargo la discusión suele quedar atrapada entre acusaciones políticas cruzadas, escasez de recursos, reclamo de acuerdos y falta de consensos.
La naturalización de este escenario contribuye a que los despachos funcionen con carencias casi de modo permanente, degradando la calidad institucional y evidenciando una precariedad que se profundiza conforme el paso de los años.
En más de una oportunidad los profesionales del Derecho han manifestado que la cobertura de cargos no debería depender de especulaciones partidarias ni de calendarios electorales, sino de un mecanismo ágil y transparente que contemple criterios técnicos.
Y repiten que cuando la ciudadanía “deja de confiar en que los conflictos se resolverán en tiempo y forma”, el daño excede largamente los pasillos de los tribunales.
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