Por: José Luis Amado -Periodista Agropecuario- Exclusivo para GRUPO LA VERDAD
El pasado jueves, y tras 4 meses de juicio, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario se pronunció finalmente sobre el caso de contaminación ambiental en el partido de Pergamino, contemplado en el artículo 55 de la Ley 24.051.
Los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodríguez y Elena Dilario sostuvieron que existen evidencias científicas sobre los riesgos de vivir cerca de zonas de aplicación de agroquímicos, pero remarcaron que durante el proceso no se reunieron pruebas suficientes para atribuir el delito de contaminación ambiental previsto en la Ley 24.051.
En la fundamentación del veredicto, los jueces criticaron el efecto que tienen los agroquímicos sobre la salud humana y el medioambiente y aclararon que sólo iban a ceñirse a los hechos denunciados y las pruebas presentadas. Es en este punto en el que indicaron que no hubo prueba suficiente de que los acusados obraron contra las normas en los tiempos y lugares donde se dijo.
“Los testimonios no pudieron dar precisión de cuándo fueron las fumigaciones, algo que resultaba esencial”, expresó el tribunal, que además señaló: “el alegato de la fiscalía estuvo plagado de generalidades, abstracciones y conclusiones que no tuvieron sustento probatorio”. Sin estos elementos -expresaron-, “toda persona que haya llevado adelante fumigaciones entre el 2011 y 2019 y haya cometido una infracción municipal debería ser condenada penalmente, lo que no es razonable y atendible”.
Sin estas pruebas claves, los 5 productores, el ingeniero agrónomo y el aplicador del equipo pulverizador tuvieron a su favor la presunción de inocencia que rige en los procesos penales; por lo que fueron absueltos. Entre los absueltos se encuentran los productores agropecuarios Fernando Cortese, Mario Roces, Víctor Tiribó, Carlos Sabatini y Hugo Sabatini, además del ingeniero agrónomo José Luis Grattone y el aplicador Cristian Taboada, quienes enfrentaban distintas acusaciones.
El fallo sí encontró responsabilidad en el accionar de Guillermo Naranjo y Mario Tocalini, integrantes de la Dirección de Ambiente Rural de Pergamino. Según el tribunal, tanto Naranjo como Tocalini, “tenían idoneidad y, sin embargo, no actuaron del modo que se requería”, sosteniendo eso como una práctica habitual y constatada de eludir el control especifico y adecuado. Incluso, los jueces señalaron que esa ausencia de fiscalización dificultó la obtención de pruebas que permitieran establecer responsabilidades penales sobre los demás imputados.
Lo cierto es que Tocalini y Naranjo, recibieron una pena de 2 años de prisión de ejecución condicional, 4 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y la obligación de cumplir tareas comunitarias, entre otras condiciones impuestas por el tribunal.
Con este fallo, los jueces, cuya totalidad de los fundamentos serán leídos el próximo 10 de agosto y el cual puede ser apelado, le dieron la razón a siete de los nueve imputados.
La responsabilidad del Intendente
En los fundamentos del fallo, el Tribunal aclaró que los funcionarios condenados representaban «los eslabones más bajos de la cadena de responsabilidad» dentro del municipio y solicitó al Ministerio Público Fiscal y al Juzgado de San Nicolás que se investigue el accionar del intendente de Pergamino, Javier Martínez, durante los años en que ocurrieron los hechos denunciados. Por entender que no fue eso ni atendido, ni garantizado de modo adecuado, poniendo en riesgo la salud de la población. “Ha quedado probado que existieron innumerables alertas que no fueron atendidas por esos funcionarios”, aseguró el juez.
Asimismo, los magistrados propusieron la conformación de una mesa de diálogo entre autoridades, productores, especialistas y vecinos para avanzar hacia regulaciones sostenibles sobre las aplicaciones de fitosanitarios, al considerar que el conflicto requiere soluciones integrales y no únicamente respuestas desde el ámbito penal.
Durante la lectura del veredicto también remarcaron que «un juez penal no es un superhéroe», sino que debe aplicar la legislación vigente, aun cuando las normas actuales puedan resultar insuficientes para resolver conflictos ambientales complejos.
La causa que se inició tras la denuncia de una familia que atribuyó problemas de salud a la exposición a los agroquímicos –al margen que puede ser apelada- llegó a su fin.
Por último, una reflexión: Más allá de las responsabilidades individuales que debeló este resonado caso, esta causa deja en evidencia un problema que todavía los representantes políticos no han sabido –o querido- resolver y que tiene que ver con la gran anarquía que hay por falta de una ley y no una ordenanza que determine específicamente cuál es la zona buffer y la zona de exclusión para la aplicación de fitosanitarios y qué penas le caben a quien no la respete
Este desinterés de los que deben legislar sobre el tema, determinó que un juez de San Nicolás prohíba en Pergamino las aplicaciones terrestres en un radio de 1.095 metros y de las aéreas en 3.000 metros. Esta medida determinó que cientos de hectáreas de los mejores campos de país queden totalmente abandonadas y a mereced de la voracidad inmobiliaria.
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