Por Redacción Grupo La Verdad
Uno de los temas abordados días pasados por las autoridades locales y provinciales tuvo que ver con el proyecto legislativo que propone habilitar a los municipios a otorgar permisos de uso sobre terrenos linderos a rutas y caminos provinciales.
Sobre ese punto, desde el Gobierno local indicaron a Grupo La Verdad que la utilización productiva de las banquinas “ya está contemplada en la legislación vigente” y recordaron que existe una normativa provincial que regula ese mecanismo desde hace cuatro décadas.
“La Ley 10.342 es del año 1985 y justamente permite que los municipios liciten la siembra de las banquinas de rutas y caminos provinciales”, explicaron fuentes municipales a este medio.
Asimismo, oficialmente, se apuntó que en Junín ese sistema funciona regularmente “mediante licitaciones públicas” y que los ingresos generados por esos espacios forman parte de un esquema que se aplica desde hace años.
En tanto no se conoce en profundidad el proyecto recientemente presentado, aunque se estima que podría apuntar a modificar aspectos vinculados a la administración o distribución de los recursos obtenidos.
“Eso ya se hace todos los años. Es una ley que existe desde 1985 y en Junín funciona regularmente”, remarcaron.
Fondos afectados al aeródromo
Consultados sobre el destino de los ingresos generados por el alquiler de tierras en la zona del aeródromo, desde el municipio aclararon que “se trata de una situación distinta a la de las banquinas provinciales”.
Y explicaron que “esos lotes pertenecen al Municipio y los fondos obtenidos a través de su explotación tienen una afectación específica” destinada al funcionamiento del aeródromo.
“Los lotes del aeródromo son municipales y esos fondos están afectados cien por ciento al funcionamiento del aeródromo”, afirmaron.
Mencionando por último que “esos recursos permiten financiar distintas obras, tareas de mantenimiento y mejoras en el predio, aunque en determinadas ocasiones también se gestionan aportes provenientes de la Provincia. Muchas veces cuando se hacen obras en el aeródromo son fondos municipales que salen justamente del alquiler de ese campo”.
El proyecto
La diputada de Fuerza Patria, Ayelén Rasquetti, presentó un proyecto de ley para permitir que los municipios bonaerenses otorguen permisos de uso sobre las banquinas de rutas y caminos provinciales, con el objetivo de aprovechar terrenos ociosos y generar nuevos recursos para las comunas.
En la actualidad, la Ley 10.342, la que se pretende modificar, permite a los intendentes conceder permisos de uso sobre las franjas linderas a las rutas y caminos que integran la red vial bonaerense. Sin embargo, excluye de manera expresa a las banquinas, es decir, los espacios laterales reservados por la legislación vigente para la seguridad vial, lo que limita las posibilidades de sembrar en esos terrenos.
En ese marco, el proyecto impulsado por la legisladora massista propone modificar el artículo primero de la ley para incluir a las banquinas dentro de los espacios susceptibles de ser cedidos en uso, siempre que exista una autorización previa de la Dirección de Vialidad bonaerense.
Asimismo, la iniciativa incorpora la creación de un Registro de Usufructuarios de Banquinas Municipales, que estará bajo la órbita de la autoridad de aplicación y tendrá como objetivo fiscalizar la utilización de esos espacios.
Para Rasquetti, la exclusión de las banquinas genera un desperdicio de recursos productivos, miles de hectáreas lineales de suelo fértil y apto permanecen en un estado de total abandono, desaprovechamiento y ociosidad. “La pérdida de chance fiscal, se priva de manera sistémica a los municipios de una fuente legítima de recaudación de tasas, cánones o derechos de ocupación derivados de la explotación regulada de estos espacios de dominio público”, remarcó.
En tanto argumentó que el aprovechamiento regulado y planificado de las áreas de banquinas podría abrir un abanico de posibilidades productivas fundamentales para las economías regionales, e indicó que esos terrenos podrían destinarse a explotaciones agrícolas de baja escala, siembra de forrajes, planes de forestación o parquización, e incluso la instalación controlada de infraestructura de servicios.
“La ociosidad actual de estas tierras representa una oportunidad perdida. Su puesta en valor permitirá que los municipios administren y perciban de manera directa los recursos derivados de dichos permisos”, remarcó la integrante del Frente Renovador.
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