La Cámara Federal de Casación mantuvo hoy las restricciones para que la expresidenta Cristina Kirchner cumpla su condena en su casa de San José 1111, al rechazar el pedido de la defensa de la titular del PJ para sacarle la tobillera electrónica, ampliar el horario de uso de la terraza y la cantidad de visitas simultáneas.
La decisión fue de los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, que votó en disidencia- quienes confirmaron lo que había dispuesto el tribunal oral que condenó a la expresidenta a 6 años de prisión.
La mayoría del tribunal sostuvo que las restricciones impuestas a las visitas o el uso de la terraza y el monitoreo electrónico se inscriben dentro de las facultades de control previstas en la ley, y no implican un “agravamiento ilegítimo de la pena”, como sostenía la defensa.
Se confirmó entonces el régimen que exige autorización judicial previa, individual y fundada para el ingreso de personas que no integren el núcleo familiar inmediato o el equipo profesional indispensable, con un límite de hasta tres personas por encuentro, dos veces por semana y por un máximo de dos horas.
Se decidió imponer este límite porque el 17 de noviembre de 2025 Cristina Kirchner recibió a un grupo de nueve economistas en su casa y publicó esa imagen en la red social X. Si bien los economistas habían sido individualmente autorizados a ingresar, el tribunal oral entendió que no se había informado que se trataba de un encuentro colectivo y simultáneo.
La difusión pública de ese evento fue considerada por la mayoría de los jueces de la Casación como una circunstancia que desbordó el régimen autorizado y justificó la necesidad de precisar y reforzar las condiciones de control.
El uso de la tobillera
En cuanto a la tobillera electrónica, el tribunal reafirmó que su utilización es la regla en los casos de prisión domiciliaria a partir de la reforma introducida por la ley 27.375. Señaló que la ausencia de incidentes no torna innecesaria la medida, sino que confirma su eficacia preventiva.
Asimismo, aclaró que la custodia policial permanente que posee la ex presidenta por su condición institucional no sustituye el control judicial que ejerce el sistema de monitoreo electrónico, dado que ambas figuras tienen finalidades distintas.
