El juez federal Martín Cormick dio lugar a una cautelar en favor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ordenó al Gobierno a cumplir de inmediato con el financiamiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se da tras una demanda de la casa de altos estudios contra el Decreto 759/2025 que promulgó la Ley 27.795.
La UBA había reclamado que dicho decreto suspendió la aplicación efectiva de la normativa hasta que el Congreso determinara cómo financiarla, algo que consideraron “un fraude constitucional”.
Al respecto, el juez consideró que luego de que el veto presidencial fuera rechazado por el Congreso, el Ejecutivo debía implementar la ley ya que el proceso legislativo “no admitía variantes suspensivas para la aplicación de la ley”.
Cormick también señaló que el incumplimiento de la ley produce “perjuicios graves de imposible reparación ulterior, teniendo en cuenta el deterioro de los ingresos del colectivo afectado”.
Por otro lado, remarcó que la cautelar no afecta al interés público. Incluso, apuntó que “la falta de cumplimiento de la ley afectaría el derecho a enseñar y aprender” establecidos en la Constitución Nacional.
También resaltó que el impacto fiscal de la medida estimado es del 0,23 % del PBI. “Dicha cifra representaría un ahorro poco significativo para el presupuesto global de gastos de la administración pública”, enfatizó.
De esta forma, el juez federal hizo lugar al planteo y ordenó que el Gobierno cumpla “de forma inmediata con lo dispuesto en los artículos 4,5°, 6° y 7° de la ley 27.795”.
