Cuando Nicolás Maduro llegó a la presidencia en 2013 muchos pensamos que su mandato no duraría demasiado (máxime cuando decía que hablaba con un pajarito que le traía mensajes del fallecido Hugo Chávez).
Venía como sucesor del carismático Comandante que después de un frustrado golpe de estado, llegó al poder por los votos en 1998, convertido en un líder de masas que prometía una “revolución bolivariana” para refundar el país. Maduro, en cambio, se destacaba por su limitada capacidad oratoria y su lejano y oscuro pasado como sindicalista y conductor de autobús.
Once años más tarde, sin embargo, Maduro sigue buscando el record de ser el gobernante que más tiempo ha durado en el poder en Venezuela.
Con sus modales a veces autoritario y otras de un infantilismo que roza el ridículo –paradójicamente parece exhibir rasgos de “inmadurez”- ostenta el poco feliz privilegio de que bajo su mandato Venezuela haya experimentado importantes cambios que han deteriorado gravemente su estatus socio económico comprometiendo gravemente el futuro del país.
Veamos:
Durante su gobierno, Venezuela ha vivido la mayor ola migratoria de la historia contemporánea de América Latina.
De acuerdo con cifras de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), hay 7,7 millones de venezolanos viviendo fuera de su país. Eso equivale a casi un cuarto de su población total.
Con estas cifras la ola migratoria venezolana es mayor que la de Siria (5 millones personas) y que la de Ucrania (6,5 millones), dos países que llevan años sufriendo guerras.
Esta salida masiva de venezolanos al exterior de un país en el que no están cayendo bombas todos los días, contrasta con su historia que, desde que comenzó al auge petrolero hace un siglo, convirtió a Venezuela en receptor de migración y durante décadas fue lugar de acogida de personas procedentes, sobre todo, de otros países de América Latina y del sur de Europa.
Recuerdo a políticos e intelectuales argentinos como Rodolfo Terragno o Tomás Eloy Martínez, que disfrutaron de la cordialidad y bienestar que deparaba Venezuela en la décadas del 70 y del 80 cuando en Argentina los militares perseguían “enemigos” y allí reinaba una democracia pacífica que parece mentira cómo habría de esfumarse en las tinieblas de un populismo cruel y sanatero.
Los expertos coinciden en señalar que detrás de la salida masiva de venezolanos está la severa crisis económica que ha vivido Venezuela y que incluyó un largo periodo con la mayor hiperinflación del mundo, así como problemas crónicos de desabastecimiento de alimentos, medicinas y otros productos básicos.
Desde luego este fenómeno no se explica por las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países en contra de su gobierno que arrancaron en 2019 y luego se fueron atenuando.
En cambio es relevante que desde 2013 la economía venezolana inició una vertiginosa caída que para el año 2021 le había llevado a perder 75% de su Producto Interior Bruto.
Aunque el agravamiento de la crisis económica coincidió con la llegada de Maduro al poder, algunas de sus causas se originaron en el gobierno de Chávez, quien desde 2003, comenzó a aplicar un estricto sistema de control de cambios y de precios. Después, a partir de 2006, puso en marcha una política de expropiaciones que afectó a unas 1.440 empresas, según estimaciones de la organización de industriales Conindustria. Muchas de las consecuencias de estas políticas no eran del todo visibles durante el gobierno de Chávez gracias a un largo ciclo de precios altos del petróleo y a una política de endeudamiento que permitieron alimentar una sensación de bonanza en Venezuela.
Con la caída de los precios del petróleo a partir de 2014, Maduro recurrió a más endeudamiento y al uso de las reservas internacionales para intentar preservar el mismo modelo económico de Chávez, pero la situación solamente empeoró.
En 2015, Venezuela registró una inflación de 180% -la más alta del mundo para ese momento- y en 2017 entró en un ciclo de hiperinflación que alcanzó su punto máximo en 2018, cuando llegó al 130.000%, según datos del Banco Central de Venezuela.
En esos mismos años, los problemas de desabastecimiento que afectaban medicinas, alimentos y otros bienes esenciales se agudizaron. Según estudios de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, la pobreza en Venezuela pasó de 48% en 2014 hasta 91% en 2018.
Es entonces, a partir de ese año, cuando el gobierno de Maduro inició un silencioso proceso de reformas económicas suspendiendo en la práctica los controles de cambio y de precios, eliminando el subsidio a la gasolina –que era la más barata del mundo-, permitiendo la dolarización de facto de la economía e incluso poniendo en marcha un diálogo con el sector privado para restituir algunas de las empresas expropiadas a sus antiguos dueños.
Estas medidas lograron encaminar al país hacia la superación de la hiperinflación -que llegó a su fin en diciembre de 2021- y, en cierta medida, acabaron con los problemas de desabastecimiento (al menos para aquellos venezolanos que cuentan con ingresos en moneda extranjera). Sin embargo este giro liberalizador se produjo en la práctica, pero sin cambiar un punto ni una coma del relato “anti imperialista” del gobierno.
En el año 1998, cuando Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales, la producción petrolera de Venezuela se ubicaba en 3,1 millones de barriles al día, de acuerdo con datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Cuando Chávez fallece, en marzo de 2013, la producción venezolana había caído a 2,3 millones de barriles diarios.
A partir de entonces, durante el gobierno de Maduro, el volumen de petróleo extraído en Venezuela siguió en declive que lo llevó a un retroceso histórico cuando cayó hasta los 336.000 barriles diarios en junio de 2020.
Detrás de esta caída de la producción están los efectos de la pandemia de covid-19, así como los efectos de las sanciones petroleras impuestas por el gobierno de Estados Unidos en enero de 2019, después de que Maduro iniciara su segundo mandato tras unas elecciones que gran parte de la comunidad internacional consideró fraudulentas.
Lo relevante es que ya antes de las sanciones, la producción petrolera venezolana se había reducido a la mitad durante el gobierno de Maduro, al pasar desde 2,3 millones de barriles diarios en marzo de 2013 a 1,1 millones en diciembre de 2018, un mes antes del anuncio de las sanciones.
Para abril de este año, la producción petrolera de Venezuela se ubicaba en 878.000 barriles diarios, una cifra muy baja para el país que posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo.
La profunda corrupción en que cayó el régimen da para escribir un artículo aparte. Baste aquí recordar de qué modo moduló la relación con la Argentina en épocas de Cristina con la embajada paralela que dio lugar a la denuncia de nuestro embajador Eduardo Sadous sobre los pedidos de coimas a las empresas que vendían sus productos en Venezuela o las remesas de valijas llenas de dólares como la secuestrada a Antonini Wilson.
Está a la vista que, por la incompetencia de gobernantes preparados para conducir ómnibus pero no para dirigir los destinos de una nación, los sueños de la revolución bolivariana quedaron destrozados.
Ahora fueron a elecciones que “se desarrollaron normalmente” (como dice sin ponerse colorado Lula desde Brasil), pero que, al momento de exponer los resultados le dieron un aparente triunfo al oficialismo, contra todas las constancias de las actas recogidas por la oposición que demuestran su contundente derrota.
Desgraciadamente, como se dice que decía cínicamente el dictador ruso Stalin: “en las elecciones lo importante no es quién vota, sino quien cuenta los votos”, de manera que -trampas mediante- el destino de ese admirable pueblo venezolano, parece que va a ser el de continuar sufriendo desventuras que claramente no eligió.
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