Por Redacción Grupo La Verdad
El presidente del directorio del Grupo Servicios Junín, Pablo Torres, aseguró que todavía hay incertidumbre sobre cuándo se efectivizará la quita de subsidios en las tarifas de gas, si bien ya se acordó la realización de la audiencia pública a nivel nacional para el próximo 8 de enero.
Torres declaró que “fue llamada la realización de la audiencia pública, pero todavía no hay una fecha definida para la quita de subsidios por lo que nos estamos manejando con casos hipotéticos de lo que puede llegar a pasar”. Luego, indicó que “hoy existen dos tipos de subsidios establecidos en su mayoría por resolución de la Secretaría de Energía o por ENARGAS, y entendemos que los que se quitarán inmediatamente son los establecidos por resolución con la Tarifa Social y el régimen de segmentación”.
“Por ahora es toda una incertidumbre total la que se vive, porque dijeron que iban a sacar los planes sociales y aumentaron la AUH, por lo cual no sabemos qué va a pasar con los subsidios hasta que no nos llegue la notificación oficial”, afirmó y añadió: “No creo que desaparezca la Tarifa Social, pero si el tema de la segmentación en N1, N2 y N3 y faltaría saber qué va a pasar con la ‘Zona Fría’ que está establecida por ley”.
Seguidamente, Torres explicó que “la categoría N1 de los residenciales son los de más altos ingresos, en caso de perder también la ‘Zona Fría’ una factura R34 que hoy paga $79.000 de gas se iría a $106.000, mientras que un N2 que es la categoría más baja de ingresos que tiene %50 de ‘Zona Fría’ pasará de $2.500 a $5.400, con la quita de todos los subsidios, incluida la ‘Tarifa Social’”. En caso del N3 que abarca los ingresos medios, graficó que “se pasaría de un promedio de $17.600 aproximadamente a $29.800”.
Asimismo, el abogado señaló que “en principio no se va a sentir la modificación porque a partir del 1° de enero comienza a regir, con lo cual esa factura vendrá probablemente un mes después con una porción de la quita de subsidios, de manera tal que recién se va a sentir el precio pleno en el cuarto mes y en el bolsillo el impacto será más fuerte en el mes de junio, porque es la época de mayores consumos”.
Por otra parte, hizo referencia a la realización de las obras de gas natural en las que interviene Grupo Junín como Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria: “En materia de obras ya hay una afectación importante por el aumento de los insumos y la mano de obra, pero todavía no sé cuánta gente va a decidir realizar la obra para pasar de electricidad a gas natural, porque los valores van a ser bastante distintos en la ecuación final”, y agregó que “no quedan tantas obras pendientes, aunque siempre van surgiendo por loteos o conformación de consorcios”.
Finalmente, también aludió al servicio del cobro de estacionamiento medido al sostener que “el aumento se verá en la ordenanza fiscal impositiva que apruebe el Concejo Deliberante, pero seguramente va a aumentar porque es una tasa más y lo mismo sucederá con las multas”.
Emergencia
El Gobierno nacional declaró este lunes la emergencia en el sector energético por un año, lo que implica una revisión tarifaria que derivará en aumentos, y dispuso la intervención de los entes reguladores de electricidad y gas, el ENRE y Enargas.
Lo hizo mediante el Decreto 55/2023 publicado en el Boletín Oficial bajo las firmas del presidente Javier Milei y su Gabinete, y la medida correrá hasta el 31 de diciembre del 2024.
Tal como dispone el artículo 1°, la emergencia fue declarada en los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución.
El decreto considera que, debido a “la situación en que esta gestión de Gobierno recibió el sistema energético y las condiciones que se proyectan a futuro”, es preciso adoptar medidas “de corto, mediano y largo plazo que permitan la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, y asegurar el adecuado suministro a toda la población del país”.
El decreto instruye a la Secretaría de Energía de la Nación a establecer los mecanismos para la “sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural”.
Además, el DNU determina el inicio de la revisión tarifaria y establece que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios que resulten de este proceso no podrá exceder del 31 de diciembre de 2024.
Además, se dispone la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), a partir del 1 de enero de 2024 y hasta la designación de los miembros del Directorio.
Hasta tanto concluya el proceso de revisión tarifaria podrán aprobarse “adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos”, propendiendo a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados, a cuenta de lo que resulte de la revisión tarifaria dispuesta en el citado artículo 3.
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