Por Mariano Fernández Martín
Cuando hay una protesta social y vemos un cordón policial, casi automáticamente sabemos quién ocupa el lugar del “malo” en la escena. El uniforme es el antagonista perfecto: no tiene rostro, no tiene biografía, no tiene problemas para pagar la luz. Es símbolo. Y los símbolos no comen, no se cansan, no se deprimen.
Pero… ¿y si pensamos un poco más despacio?
¿Y si el policía que está del otro lado también es un trabajador?
¿Y si cobra un salario que no alcanza?
¿Y si hace horas extras eternas para completar el mes?
¿Y si vive en el mismo barrio que el que protesta?
¿Y si vuelve a su casa con miedo?
Nos acostumbramos a verlo como poder. Pero muchas veces es empleado.
Nos acostumbramos a verlo como brazo del Estado. Pero muchas veces es el eslabón más frágil de esa cadena.
Claro, cuando reprime mal, cuando abusa, cuando se excede, la crítica es necesaria. La violencia institucional no se negocia.
Pero hay otra pregunta que cuesta hacer:
¿qué pasa cuando ese mismo policía se siente abandonado por el Estado que representa?
Porque queremos una policía profesional, equilibrada, honesta.
Queremos que no se corrompa.
Queremos que no pierda la calma.
Queremos que sea incorruptible frente al delito.
Y al mismo tiempo naturalizamos que gane poco, que trabaje agotado, que no tenga apoyo psicológico, que esté bajo presión permanente.
Eso es una contradicción estructural.
Un Estado que paga mal a quien porta un arma reglamentaria no está ahorrando: está pateando un problema hacia adelante.
La dignidad salarial en las fuerzas de seguridad no es un premio. Es una condición básica para que la autoridad sea sana.
Y entonces aparece la escena incómoda: policías protestando.
Y la reacción automática es: “¿Cómo van a protestar ellos?”.
Pero… ¿por qué no?
¿No son trabajadores?
¿O dejamos de considerarlos trabajadores cuando el uniforme nos molesta?
Ahora bien: una cosa es el reclamo. Otra cosa es desbordar la institucionalidad.
Si el reclamo pone en riesgo la seguridad pública, la discusión cambia.
Porque sin orden democrático no hay derechos para nadie.
Pero reducir todo a disciplina o castigo tampoco resuelve el fondo.
Tal vez haya algo más profundo:
Quizás parte del enojo que a veces vemos en la calle —en ambos lados— tiene que ver con la acumulación de frustraciones.
Frustración social.
Frustración económica.
Frustración institucional.
Y el uniforme se convierte en pantalla de todo eso.
Pensar esto no es justificar abusos.
Es negarse a simplificar.
Si queremos una sociedad más justa, necesitamos fuerzas de seguridad más justas con sus propios integrantes.
Si queremos menos violencia, necesitamos menos precariedad dentro de quienes tienen la responsabilidad de usar la fuerza.
Quizás el verdadero debate no sea “policía sí o policía no”.
Quizás el debate sea qué Estado construimos, qué salarios pagamos, qué formación damos y qué contención ofrecemos.
Porque el problema no es solo quién sostiene el escudo.
El problema es quién sostiene al que sostiene el escudo.
Y esa pregunta, incómoda, merece ser pensada sin consignas automáticas.
Despacio.
En serio.
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