El debate acerca de la edad de imputabilidad de los menores en Argentina tomó, otra vez, estado público esta semana. Al lamentable episodio acontecido en Chascomús, del que resultó víctima un adolescente de 16 años a manos de otros dos de 15 y 17, se sumaron las declaraciones del Ministro de Justicia de la Nación.
Mariano Cúneo Libarona cobró notoriedad mediática al afirmar que apunta a bajar la edad a los 14 años, argumentando que “no debe graduarse la pena según la edad de los delincuentes adolescentes”, y que “al margen del delito en particular cometido, el chico muestra ya una conducta desviada, sea un hurto, robo o abuso, una personalidad que merece la atención y sanción, entonces dividir según los delitos, y dejar a algunos sin castigo y educación, carece de sentido”.
Distante del discurso del Gobierno de la Nación, desde la Provincia, el ministro bonaerense de Seguridad, Javier Alonso, le bajó el pulgar a la iniciativa impulsada con el fin de modificar la Ley de Imputabilidad, anteponiendo reparos y considerando que esa no es una solución a la problemática.
Los dichos Cúneo Libarona, lejos de causar el efecto deseado, parecen haber reavivado la polémica en el seno de un país en el que más de seis de cada 10 niños y adolescentes de hasta 17 años son pobres y no consiguen acceder por completo a los alimentos, a la educación ni a los controles de salud básicos y necesarios.
La marginalidad y la exclusión exacerbadas, propias de las últimas décadas en Argentina, provocaron un deterioro social de proporciones inmensas, saturando el sistema judicial y dejando como resultado cárceles y penitenciarías desbordadas y superpobladas en sus capacidades físicas y de readaptación.
Ya en el año 2011, un estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y UNICEF sobre “Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas” indicaba que “los sistemas de justicia juvenil se caracterizan por la discriminación, la violencia, la falta de especialización y el uso excesivo de las medidas de privación de libertad”, dejando en claro que bajar la edad de punibilidad “no resuelve” el problema de la inseguridad, y por el contrario, profundiza desigualdades, por lo que los esfuerzos de los estados deberían estar dirigidos a transformar esa realidad.
********************************************************************************************************************************
También puede interesarte:
• Todo el Deporte en: La Deportiva
• Escuchar las notas más importantes en: LT20 Radio Junin
• Escuchar LT20 Radio Junín en VIVO: Escuchar ahora
