La fuerte caída de la actividad económica registrada durante los últimos tres meses comienza a mostrar diferentes caras. Si bien por un lado contribuye a la baja del nivel inflacionario al que apunta el Gobierno de la Nación desde que asumió en diciembre último, por el otro socaba con virulencia el poder adquisitivo de los asalariados.
El objetivo planteado por el Ejecutivo en torno a la disminución del déficit fiscal deriva, entre otras cosas, en una política de ajuste que llevó inexorablemente a la pérdida de sus fuentes de trabajo a miles de contratados por el Estado, lo que esta semana se vio reflejado en una nueva manifestación sobre la avenida 9 de Julio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue reprimida con violencia.
Trabajadores de la cultura, tercerizados de Aerolíneas Argentinas, organizaciones piqueteras y otros representantes de la sociedad civil fueron víctimas del accionar policial en un par de jornadas cargadas de tensión e incertidumbre.
La marcada recesión pone en riesgo potencial, además, a los puestos de trabajo del sector privado, sometido una sensible baja en las ventas producto de la depresión de la economía y la merma del consumo.
El anuncio de un nuevo paro nacional para el mes próximo pone el alerta una vez más a las autoridades, que sin embargo parecen seguir firmes en su posición y no estar dispuestas a dar un paso atrás respecto de lo anunciado ni de lo actuado a partir del protocolo que entró en vigencia este año.
La determinación de la CGT de seguir mostrando su desacuerdo y oposición al ajuste escribirá el 9 de mayo entrante un nuevo capítulo de un enfrentamiento explícito, con un contexto social con características singulares como trasfondo.
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