Esta semana el bloque de concejales de Juntos dio visibilidad al deficiente estado edilicio que exhibe en su interior la Casa de Abrigo «Francisco Legarra», una entidad que alberga a un grupo de menores de edad en situación de vulnerabilidad, y que presenta además ciertas dificultades en su operatividad diaria.
El pedido de informes elevado a la provincia de Buenos Aires por los ediles oficialistas sustenta sus bases en las falencias ya detectadas, y en la puesta en conocimiento por parte de diversos efectivos locales abocados al cuidado y la restitución de derechos de los menores de edad.
En función tal se habían realizado ya algunas presentaciones ante el Organismo de Niñez -dependiente del ministerio de Desarrollo de la Comunidad- instando a establecer lineamientos y a instrumentar acciones concretas que tiendan a consolidar mejoras en las condiciones generales en el marco de lo planteado.
El esfuerzo cotidiano de las partes involucradas en el adecuado tratamiento de estos niños y adolescentes no puede quedar deslucido ante un escenario de características tales. La labor de profesionales y técnicos en el día a día debe estar garantizada, al igual que la contención integral que cada caso requiere.
La Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es una obligación. Y requiere de una base sólida y de un monitoreo del funcionamiento que se apoye en programas que velen en pos del bienestar y del futuro de estos. Con una infraestructura acorde.
La observación de los concejales locales no es menor. El cumplimiento de lo establecido por ley no puede ni debe pasarse por alto.
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