Un estudio reciente realizado por la Universidad Di Tella, conocidos ya los valores oficiales de la canasta básica informados por el INDEC, marca que la tasa de pobreza para el primer trimestre de 2024 llegaría casi al 52 por ciento en territorio argentino.
Los fríos números de la nueva estadística indican, en comparación con el último trimestre de 2023, que se sumaron 3,2 millones de nuevos pobres.
Este alto incremento tiene una serie de explicaciones que se basan, fundamentalmente, en la devaluación de los primeros días del gobierno de Milei, en la suba exponencial del valor de los alimentos -por encima de la inflación promedio- y en la estrepitosa caída del poder adquisitivo de los asalariados, de los cuentapropistas y de los trabajadores informales.
El empobrecimiento cada vez mayor de la sociedad se vincula a su vez con la precariedad laboral, con el decaimiento de la calidad de las instituciones y con la imposibilidad de buena parte de la población de acceder a prestaciones y a servicios básicos, incrementándose asimismo los índices de marginalidad y de exclusión.
En la Argentina del siglo XXI una de cada dos personas es pobre. De la Nación que ostentaba ser ‘el granero del mundo’ entre fines del 1800 y principios del 1900 nada parece quedar. El faro que los países poderosos de Europa visualizaban en Latinoamérica lejos y a oscuras quedó.
El contexto requiere alternativas superadoras, de políticas y de acciones concretas y urgentes que estén a la altura de las circunstancias. Que, al menos, detengan los niveles de caída cada vez más pronunciados, que atentan con violencia en contra la calidad de vida de la ciudadanía en su conjunto y que profundizan una crisis de la que no resultará sencillo salir en el corto y mediano plazo.
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