La pobreza alcanza al 55,5 por ciento de la población argentina en el primer segmento del año, de acuerdo a los datos dados a conocer en el último informe publicado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.
La fría estadística da cuenta de casi 25 millones de habitantes que no llegan a cubrir necesidades básicas en lo cotidiano, engrosando así los registros negativos que se acumulan década tras década en el país a lo largo de los últimos 50 años.
La indigencia, en tanto, afecta a casi ocho millones de personas, que se sumergen en las profundidades de la inseguridad alimentaria y social.
La mayor deuda moral argentina compromete desde hace años el futuro de miles y miles de niños y de adolescentes que quedan al margen de la inclusión social y de las posibilidades de acceder a un porvenir de oportunidades, de desarrollo y de realización personal. Que son ignorados y a la vez víctimas de un sistema que los excluye y estigmatiza de modo constante.
La aplicación de políticas de corte reduccionista durante el último periodo agravó la situación de cientas de familias a las que se les hace cada vez más difícil poder llegar a fin de mes, cumplir con sus obligaciones y poner cada día un plato de comida en la mesa su casa. No obstante, vale decir, el índice de marginalidad se incrementa de manera notoria e ininterrumpida desde el retorno de la democracia hasta estos días, independientemente del color político del gobierno de turno y de las declamaciones demagógicas de unos u otros.
Más de la mitad de los seres humanos que habitan este suelo deben ser tenidos en cuenta como tales. Considerados y contemplados a la hora de asegurar derechos. El contexto lo reclama. Y lo exige.
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