La nueva estrategia de Cristina Fernández de Kirchner no debe leerse únicamente como el último capítulo de una disputa judicial. Su reciente presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es, al mismo tiempo, una decisión jurídica, una jugada política y un intento por disputar el relato histórico sobre su condena.
La expresidenta y ex vicepresidenta de la Nación sostiene que la sentencia que la condenó a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos vulneró sus derechos políticos y constituyó una forma de proscripción.
Su defensa busca ahora que un organismo internacional revise esos argumentos y, en particular, que intervenga sobre las consecuencias políticas de la condena.
El debate, sin embargo, exige separar cuestiones que en la Argentina suelen mezclarse: la responsabilidad penal y la competencia política.
Para buena parte del peronismo actual la condena de Cristina Fernández de Kirchner representa una persecución destinada a sacar de la competencia electoral a una dirigente que conserva aún capacidad de representación. Para sus adversarios, en cambio, hablar de proscripción es solo una estrategia para transformar una “condena por corrupción” en una “persecución política”.
La dimensión internacional de la presentación agrega, ahora, una nueva capa al conflicto. Y lo que pueda suceder de ahora en más en el plano judicial no será ajeno a la vida política del país en el corto plazo.
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