Por Federico Mighella (*)
El 15 de julio de este año, apenas tres semanas antes de que cayera en el Senado el capítulo de extranjerización de tierras, la selección argentina enfrentó a Inglaterra en semifinales del Mundial 2026, en Atlanta. Scaloni había pedido de antemano separar el fútbol del conflicto, y el operativo del estadio tenía prohibida expresamente la entrada de elementos alusivos a Malvinas.
Nada de eso alcanzó: apenas consumada la remontada 2-1, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez tras asistencias de Messi, un hincha logró introducir una bandera artesanal —una sábana de hotel escrita a mano— y se la entregó a los jugadores.
Lisandro Martínez la sostuvo primero; después Giovani Lo Celso la desplegó frente a la tribuna, sin que nadie dudara. Las Malvinas son argentinas. La AFA terminó incorporando esa fecha a su calendario institucional como homenaje, lo que confirma cuánto pesó ese gesto más allá del resultado del partido.
No fue la primera vez que el fútbol funcionó como ese lenguaje. En 1986, en los cuartos de final del Mundial, la selección argentina había enfrentado a Inglaterra apenas cuatro años después de la guerra de Malvinas. El primer gol de Maradona fue con la mano; el segundo quedó registrado como uno de los mejores de la historia del fútbol. Maradona lo dijo después con esas palabras: sintió que le había ganado a los ingleses algo que excedía el resultado deportivo. Eduardo Archetti, que estudió el fútbol como vehículo de la identidad nacional argentina, leyó ese partido como un desagravio simbólico.
No devolvió las islas ni reparó la derrota militar, pero permitió procesar, en otro registro, una humillación que hasta entonces el país cargaba en silencio: bastardeada desde afuera por la derrota bélica, y bastardeada desde adentro por una dictadura que había usado Malvinas como cortina y que dejó a la sociedad con una relación incómoda respecto de sus propios símbolos patrios.
El territorio en disputa no volvió, pero la posibilidad de reclamarlo con orgullo en lugar de con vergüenza, sí. Leídos en conjunto, 1986 y Atlanta no son dos anécdotas sueltas del folclore futbolero: son la condición de posibilidad de un orgullo nacional territorial que había sido bastardeado dos veces, desde afuera y desde adentro, y que el fútbol mantuvo disponible como sentimiento, listo para activarse otra vez apenas apareciera la ocasión. El fútbol no resolvió ningún reclamo de soberanía. Pero insufló algo que ninguna ley había logrado insuflar hasta entonces: la posibilidad de que ese reclamo se sintiera, de nuevo, como propio y como motivo de orgullo antes que como una herida que mejor no nombrar.
Esa ocasión llegó apenas tres semanas después, aunque en un escenario completamente distinto: no una cancha sino el Senado, y no un rival deportivo sino un capítulo legislativo. Cuando el oficialismo decidió retirar el capítulo de extranjerización de tierras del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, lo hizo por aritmética legislativa: le faltaban los votos, gobernadores aliados de Neuquén, Salta, Tucumán y Catamarca anticiparon su rechazo, y el bloque oficialista prefirió salvar el resto de la iniciativa antes que perderla entera en el recinto. Pero la aritmética legislativa fue el efecto, no la causa.
Lo que la produjo fue algo menos cuantificable: una reacción social que cruzó identidades partidarias, incluyó a artistas, a jugadores de la propia selección y a sectores que rara vez comparten una consigna, y que puso en duda una premisa que el Gobierno daba por resuelta de antemano. No hacía falta inventar un reflejo nuevo: alcanzaba con activar el mismo dispositivo simbólico que ya se había manifestado en 1986 y, apenas un mes antes, en Atlanta.
Vale la pena marcar una diferencia con esos dos antecedentes futbolísticos. En 1986 y en Atlanta, el rival era externo: Inglaterra, una potencia extranjera con la que Argentina tenía una cuenta pendiente concreta, la guerra de 1982. Esta vez no hubo una potencia extranjera enfrente, ni tampoco una amenaza del tipo que un país aprende a identificar con relativa facilidad, como una pandemia o una crisis financiera importada. Lo que activó la reacción fue una amenaza doméstica: los propios gobernantes, votados democráticamente, impulsando una reforma que ponía en juego la soberanía territorial. Los argentinos no tuvieron que defenderse de nadie de afuera. Tuvieron que defenderse de la propia dirección del Estado.
Esa premisa que el Gobierno daba por resuelta es simple y, dentro de su propia lógica, coherente: la tierra es una mercancía como cualquier otra, y toda mercancía debe poder comprarse y venderse entre privados sin que el Estado intervenga. Los voceros oficiales lo plantearon en esos términos —una cuestión entre privados, un ejercicio del derecho de propiedad, nada que justifique la intromisión “autoritaria y distorsiva” del Estado—. Es la misma arquitectura argumental que, llevada a su extremo, autorizaría la venta de órganos: si hay una voluntad individual de vender y otra de comprar, ¿qué autoridad tiene el Estado para impedirlo? El argumento no es una caricatura del liberalismo libertario, es su forma más consecuente. Y ahí radica también su punto débil, porque exhibe con total claridad qué es lo que ese esquema necesita negar para funcionar: que hay bienes que no se agotan en la relación entre un vendedor y un comprador, y que llevan incorporada una dimensión colectiva que ninguna transacción privada puede saldar.
Karl Polanyi lo llamó mercancías ficticias. La tierra, junto con el trabajo y el dinero, no fueproducida para ser vendida; se la trata como si lo hubiera sido, y esa ficción organizativa es la que permite que exista un mercado de tierras. Pero cuando esa ficción se extiende sin límite, cuando se pretende que la tierra funcione exactamente igual que cualquier bien producido para el intercambio, la sociedad reacciona, porque lo que está en juego no es solamente el precio de una hectárea sino el territorio como condición de posibilidad de lo que una comunidad es y va a seguir siendo. Ningún país gestiona su territorio nacional con la misma lógica con la que gestiona la venta de electrodomésticos, y no por nostalgia romántica sino porque el territorio es el soporte material de la soberanía: sin él no hay jurisdicción, no hay recursos propios, no hay generaciones futuras a las que ese suelo les siga perteneciendo.
Eso fue, en el fondo, lo que salió a la superficie durante estas semanas. No fue solamente una discusión técnica sobre porcentajes de superficie provincial o sobre si el límite debía aplicarse por departamento o por provincia. Fue una discusión sobre qué lugar ocupa elterritorio en la idea que una sociedad tiene de sí misma. El senador José Mayans lo resumió con una frase que funciona casi como axioma: sin territorio no hay país. Y Elisa Carrió, desde una vereda ideológica distinta, apeló a una imagen inquietante pero productiva: la posibilidad de que se constituyan estados sin impuestos dentro del Estado, enclaves privados operando por fuera de la soberanía nacional. Que dos figuras tan distantes entre sí coincidieran en el diagnóstico dice algo sobre la naturaleza del reclamo: no fue una bandera de un sector político, fue una alarma que atravesó el mapa completo.
Esa sospecha —que detrás de la reforma hubiera algo más que una discusión doctrinaria sobre el derecho de propiedad— no resulta descabellada si se mira el contexto en el que se dio. El gobierno de Milei alineó su política exterior de manera explícita con Estados Unidos e Israel, en un momento en que el país además sostiene una deuda multimillonaria con el FMI que condiciona buena parte de su margen de maniobra económica. En una etapa del desarrollo mundial en la que el litio, el agua dulce, las tierras fértiles y otros recursos considerados estratégicos se volvieron piezas centrales de la disputa entre potencias, la posibilidad de que el territorio argentino y sus recursos terminaran funcionando como moneda de pago o como concesión geopolítica dejó de ser una hipótesis conspirativa para convertirse en una pregunta razonable.
Conviene no leer el retiro del capítulo como una victoria definitiva. El propio oficialismo aclaró que el texto seguirá trabajándose hasta lograr una redacción con mayor consenso, lo cual significa que el proyecto no fue derrotado sino pospuesto, y que puede volver bajo otra forma. Pero incluso como episodio provisorio, deja una enseñanza que trasciende esta ley puntual: hay un umbral en el que la lógica mercantil pura deja de ser aceptada como criterio único, y ese umbral no lo fija ningún artículo constitucional sino el cuerpo social cuando decide, de manera más o menos espontánea, que ciertas cosas no se negocian de la misma manera que las demás. Ese umbral ya se había hecho visible una vez en una cancha, con una sábana de hotel convertida en bandera. En agosto volvió a hacerse visible en el Senado.
El territorio, para la sociedad argentina, parece ser una de esas cosas que no se negocian.
(*) Sociólogo UBA
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