El debate sobre la edad de imputabilidad penal en Argentina reapareció con fuerza en los últimos días, y en este periodo de sesiones extraordinarias llegará al recinto del Congreso de la Nación.
La urgencia con la que el oficialismo impulsó la iniciativa derivó en reacciones rápidas y respuestas casi inmediatas, pero el tema requiere una reflexión que va más allá. Exige una perspectiva amplia y aportes integrales de la sociedad en su conjunto.
En la actualidad, en nuestro país, la edad de imputabilidad se ubica en los 16 años. Quienes proponen bajarla argumentan que la realidad cambió, y que los delitos cometidos por menores son más violentos. Por otro lado están quienes advierten que reducir la edad no solo no resolvería el problema de la inseguridad, sino que podría profundizarlo. Y en ese orden se pronunció la Iglesia Católica, rechazando el proyecto y calificándolo como “una respuesta ineficaz y simplista ante la inseguridad”.
Bajar la edad de imputabilidad sin transformar realmente el sistema penal juvenil parecería no ser suficiente, sobre todo teniendo en cuenta que Argentina arrastra déficits serios en materia social y de igualdad de oportunidades.
El debate sobre la edad de imputabilidad no debería acotarse a estar “a favor” o “en contra” de bajarla. La discusión no puede ni debe quedar reducida a un número, perdiendo de vista que detrás de cada delito hay una víctima, pero también un Estado que, en algún punto, no dio respuestas en su debido momento. Y eso no se corrige cambiando una cifra por otra.
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