Por Federico Mighella (sociólogo UBA)
Dos años de gobierno libertario dejaron 22.000 empresas cerradas, 290.000 empleos formales destruidos y una pregunta que el mercado no puede responder: ¿quién reconstruye lo que se rompe?
El 18 de febrero de 2026, FATE —la única fábrica de neumáticos radiales de capital nacional, fundada en 1940— cerró su planta de San Fernando y despidió a 920 trabajadores. Ese mismo día, la CGT paraba el país en repudio a la reforma laboral. No fue casualidad: ambos hechos son síntomas del mismo proceso, y ese proceso tiene nombre. No es una crisis. Es una transformación deliberada de qué produce la Argentina, quién trabaja y para quién.
Llamarlo de otro modo sería inexacto.
Una destrucción que los propios industriales ya no pueden minimizar
Los números provienen de fuentes oficiales. Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 desaparecieron 21.938 empresas con trabajadores registrados. En el mismo período, el empleo formal cayó de 9.857.173 a 9.566.573 puestos: 290.600 trabajos menos, 400 por día. El CEPA, el Grupo Atenas, el Instituto Argentina Grande y la consultora Politikon Chaco —con metodologías independientes, trabajando sobre los mismos datos del SRT— llegan a conclusiones convergentes. No hay margen para el error estadístico cuando cuatro fuentes distintas dicen lo mismo.
El INDEC confirmó una caída del PBI de 1,7% en 2024. Dentro de ese número, la industria manufacturera retrocedió 9,2%, la construcción 17,7% y el comercio 7,3%. La industria metalúrgica opera al 57% de su capacidad instalada —el nivel más bajo desde la pandemia—, según ADIMRA. El sector textil cayó 24% interanual en octubre de 2025 y funciona a un tercio de su capacidad, con más de 18.000 despidos desde 2023, según la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) y la consultora Analytica.
Lo más significativo no es que estos datos existan, sino quién los está diciendo en voz alta. La Unión Industrial Argentina —patronal histórica, históricamente cauta— emitió un comunicado el día del cierre de FATE que merece leerse con atención: «Detrás del cierre de una fábrica hay trabajadores, familias, proveedores, transportistas, pymes vinculadas y comunidades enteras que dependen de ese núcleo productivo. Cada planta industrial que se apaga implica la pérdida de conocimiento acumulado, empleo calificado y entramados productivos que tardan décadas en construirse.» La UIA también informó que la industria perdió casi 65.000 puestos de trabajo en los últimos dos años. No lo dijo un sindicato. No lo dijo la oposición.
Los nombres que el mercado no menciona
La abstracción estadística tiene direcciones concretas. Solo en lo que va de 2026: FATE cerró en San Fernando con 920 despedidos; Emilio Alal —textil fundada en 1914, más de un siglo de historia— cerró sus plantas en Corrientes y Chaco con 260 trabajadores en la calle en enero; Fornax, fabricante santafesino de cocinas, bajó la persiana el 31 de enero; Grupo Dass, que ensamblaba zapatillas Nike y Adidas en Eldorado, Misiones, redujo su plantel a menos de la mitad respecto de 2024.
Durante 2025, la lista es más larga: Kimberly-Clark cerró en Pilar (220 trabajadores; producía Huggies, Kleenex, Kotex); Kenvue —ex Johnson & Johnson— cerró producción también en Pilar (toallitas Siempre Libre, aceites y champús Johnson’s Baby); ILVA cerró su planta de cerámicos en Pilar (300 trabajadores); KTM-Grupo Simpa cerró en Campana (50 despidos directos); Vicentin anunció el cierre de sus plantas de molienda de soja; Avon cerró en San Fernando (293 despidos); Acindar-ArcelorMittal suspendió 200 trabajadores en Villa Constitución; Whirlpool cerró en Pilar (220 trabajadores) y arrastró consigo a sus proveedoras Translog y Novax. Pauny, la histórica fábrica de tractores de Las Varillas —la mayor de Córdoba en su rubro— atraviesa suspensiones y recortes salariales que afectan a 500 empleados directos y casi 800 indirectos.
También se fueron del país Bimbo, Danone, Puma, Bridgestone, Mercedes-Benz, Procter & Gamble, Xerox y Clorox. Entre enero de 2024 y febrero de 2026, el CEPA registró 717 conflictos laborales activos. El sector industrial concentró el 62,1% de ellos. La principal causa: despidos, en el 63,6% de los casos.
Por qué el mercado no puede solucionar lo que el mercado destruye
Aquí es donde el análisis tiene que ir más allá de la crónica.
La visión dominante en el gobierno sostiene que la destrucción de empleos industriales es el precio necesario de una corrección estructural: las empresas ineficientes cierran, los recursos se reasignan hacia sectores más productivos, el mercado equilibra. Es una narrativa internamente coherente. El problema es que ignora dos fenómenos que la sociología económica lleva décadas documentando.
El primero es la destrucción de la demanda. Un trabajador despedido no desaparece del sistema como costo que se elimina: se convierte en un consumidor que deja de consumir. Cuando eso ocurre a escala —400 empleos formales menos por día durante dos años— lo que se erosiona no es solo el ingreso de esas personas sino el mercado interno que sostenía a decenas de miles de pequeños y medianos negocios. El 99% de las pymes argentinas depende del consumo local, según APYME. No hay sector exportador que absorba esa demanda destruida, porque lo que Argentina exporta —soja, litio, petróleo, aluminio— genera poco empleo, no encadena con el resto de la economía y sus réditos se concentran en pocos actores. Cada trabajador menos es un consumidor menos. Eso no es ideología: es aritmética.
El segundo es el efecto cascada en las cadenas de valor. Cuando FATE cerró, el impacto no se limitó a 920 despidos. Según el Centro de Estudios para la Producción XXI (CEP) y la propia UIA, por cada empleo directo en una línea de producción de neumáticos se generan entre 2,1 y 2,8 empleos en la cadena de valor: proveedores de caucho, matricería, logística, ingeniería de mantenimiento. El cierre de San Fernando amenaza a unos 2.500 puestos de trabajo adicionales en pymes proveedoras. Whirlpool ya lo demostró en concreto: cuando cerró su planta, Translog y Novax —proveedoras directas— dejaron de operar. Cada empresa que cierra no es solo una empresa que cierra: es un proveedor que deja de vender, un flete que deja de circular, un municipio que recauda menos.
La paradoja que nadie en el gobierno quiere nombrar
Cuando FATE anunció su cierre, la primera reacción oficial fue culpar al sindicato. Luego circuló la teoría de una conspiración política. Finalmente, algunos funcionarios argumentaron que el cierre era, en realidad, una buena noticia para los consumidores argentinos, que ahora podrían acceder a neumáticos importados más baratos.
Es un argumento que merece ser tomado en serio para ser desmontado con seriedad. Los neumáticos que reemplazaron la producción de FATE vienen principalmente de China. Ese país —el gran proveedor que hace posible el «libre mercado» de neumáticos en Argentina— es el ejemplo más exitoso de planificación estatal de la industria en la historia contemporánea. Sus empresas compiten con precios subsidiados por el Estado chino, con financiamiento dirigido, con política industrial activa. No es libre mercado: es mercantilismo de Estado a escala continental. La UIA lo llamó directamente «dumping» y «prácticas comerciales desleales». Mientras tanto, el otro gran promotor histórico del libre comercio —Estados Unidos bajo Trump— aplica hoy aranceles masivos para recuperar precisamente la base industrial que perdió en los años ’90 cuando creyó que el mercado lo haría solo.
La lección que el mundo desarrollado está aprendiendo a los golpes es que desindustrializar es fácil y rápido, y reindustrializar es lento, costoso y, en muchos casos, imposible. Las máquinas se venden como chatarra. Los técnicos especializados emigran o se reconvierten. El conocimiento acumulado durante décadas —en metalurgia, en caucho, en electrónica, en química— no se guarda en ningún archivo: vive en las personas y en las organizaciones, y cuando éstas desaparecen, se va con ellas.
El futuro que se está decidiendo ahora
Fuentes empresariales del sector industrial, citadas por Perfil, fueron categóricas: «El 2026 será un año mucho más duro. Habrá más casos FATE. Esto recién empieza.» No lo dicen sindicalistas ni militantes: lo dicen empresarios que hasta hace poco apoyaban públicamente al gobierno.
Lo que está en juego no es solo la coyuntura económica. Es una decisión sobre el tipo de sociedad que resulta de este modelo: si el país que emerge de este proceso tendrá un tejido productivo diversificado capaz de generar empleo de calidad para su población, o si se habrá especializado irreversiblemente en la exportación de recursos naturales con escaso valor agregado y escasa generación de trabajo. Esa no es una pregunta que el mercado pueda responder. El mercado no tiene memoria, no tiene proyecto y no tiene responsabilidad sobre las consecuencias sociales de sus decisiones.
Por eso desindustrializar no es una ley de la naturaleza. Es una política. Y como toda política, tiene responsables.
Fuentes: Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), INDEC, CEPA, ADIMRA, FITA, Grupo Atenas, Consultora Politikon Chaco, Instituto Argentina Grande, CEP XXI, APYME, UIA, Infobae, La Nación, El Cronista, Perfil, La Política Online.
