Por Redacción Grupo La Verdad
“El gobernador Kicillof convirtió a las cárceles en call center y a la Provincia en tierra de nadie. Lo dijimos mil veces: en las cárceles SIN celulares. Basta de mirar para el costado”, había escrito el intendente Petrecca en sus redes sociales el pasado domingo, ratificando su postura histórica respecto a la prohibición de teléfonos móviles en penales.
Así se expresó en redes sociales el titular del Ejecutivo de nuestra ciudad luego de conocerse el resultado de un allanamiento en la UP 13 de Junín, tal lo publicó este medio.
La investigación se había iniciado tras la denuncia de un vecino de Junín que había recibido mensajes vía WhatsApp de un individuo que se presentó falsamente como personal policial. En la comunicación, el estafador advirtió sobre un supuesto hecho que involucraba a una menor de edad y, bajo esa amenaza, exigió la entrega inmediata de dinero para evitar que se radicara una denuncia judicial.
Mediante presiones psicológicas y mensajes intimidatorios, la víctima terminó realizando varias transferencias bancarias, hasta que posteriormente fue advertida de que se trataba de una estafa virtual.
Con intervención de la Sección Cibercrimen Junín se realizaron tareas de análisis de telefonía y antenas, determinando que la maniobra había sido organizada desde el interior de la Unidad Penitenciaria N.º 13 de Junín, donde un interno utilizaba teléfonos celulares para concretar las amenazas. También se estableció la participación de una joven de 21 años, domiciliada en Junín, vinculada a la línea utilizada en el delito.
Este tema pone en el ojo de la tormenta el uso de telefonía móvil en las cárceles, decisión adoptada por el Gobierno provincial durante la pandemia y que aún sigue vigente.
Petrecca no dejó pasar la oportunidad para castigar al Gobernador sobre seguridad y falta de controles estrictos en los penales de nuestra ciudad, según remarcó en varias oportunidades.
Alto incremento
Lisandro Benito, secretario de Seguridad del Gobierno de Junín, respecto del último operativo en un establecimiento carcelario local dijo que “el ilícito podría estar relacionado con otras estafas viértales”, y subrayó que esta es una modalidad delictiva que se ha “extendido” a partir de la posibilidad que los reclusos cuenten con teléfonos celulares.
“Esto es algo que se da a diario, se generan estafas de este tipo en todas las unidades carcelarias. Llama la atención que a esta altura de los acontecimientos esto se siga permitiendo. Si el uso de los celulares en las unidades carcelarias ayuda o no es algo que estamos para discutirlo. Si es útil para el contacto con familiares es algo a considerar, pero no se puede permitir que estos delitos que se cometen desde adentro de todas las cárceles sigan aumentando. La provincia de Buenos Aires alguna solución va a tener que encontrar a esto”, precisó el funcionario municipal.
“Este tipo de ilícitos cada vez son mayores, el pago virtual a partir de diferentes plataformas lleva a que estos ilícitos se propaguen. En Junín tenemos fiscales comprometidos y especializados en esto, contamos como una división de Cibercrimen que trabajan de muy buena manera en distintas investigaciones. Hay que pensar en que la provincia de Buenos Aires revise esto, delincuentes condenados a partir del uso indiscriminado del celular siguen haciendo de las suyas”, consideró asimismo Benito.
“No todos usan el
teléfono para delinquir”
Javier Ochoaizpuro, abogado penalista y ex fiscal del Departamento Judicial Junín, también se refirió al tema y señaló al respecto ante la consulta de Grupo La Verdad: “Esto tiene que ver con una resolución del año 2020, del Tribunal de Casación, con motivo de la pandemia por coronavirus y la aplicación de principios de la Ley de Ejecución Penal . En cada ámbito hay una aplicación específica, con controles más o menos estrictos. Con el aislamiento se intensificaron los reclamos que terminó con esta resolución de Casación”.
El letrado manifestó a su vez que “desde entonces quedó flexibilizado el uso, dentro de las unidades del Servicio esto ha llevado tranquilidad, pero también se han incrementado los casos de este tipo. La decisión le compete a más de un órgano, en cada régimen el tratamiento es distinto”.
Y remarcó: “Esto ha bajado el índice de conflictividad y lesiones interno. Deberían controlarse algunas cuestiones. En la jerga se habla de esto como un modus operandi, pero la mayoría de los internos usa el teléfono para contactarse con su familia. No todos lo utilizan con fines delictivos. El Estado deberá extremar los recursos, buscar la manera de controlar. Con motivo de la pandemia hubo una resolución judicial y hasta el momento no ha habido otra que la revoque”.
Laius: “Los números de cibercrimen
en general siguen aumentando”
Martín Laius, fiscal especializado en cibercrimen, señaló por su parte a Grupo La Verdad que “desde la pandemia hemos tenido este tipo de eventos en establecimientos carcelarios de todo el país, la realidad es que las dificultades pueden aumentar cuando se opera desde ahí. Aumentan además los números de estos delitos y la cantidad de víctimas”.
El funcionario del Ministerio Público Provincial expresó asimismo que “en general lo que vemos es que estas personas tienen personas que operan también para ellos desde afuera de estos establecimientos penitenciarios. La tenencia de dispositivos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires continúa desde la finalización de la pandemia. Estos aparatos a veces están registrados y a veces no, y en esos casos se cometen este tipo de hechos”.
Laius subrayó que “hay investigaciones que se dificultan un poquito más, el uso de whatsapp es potencialmente dañoso desde el punto vista del delito, por ejemplo. Hay protocolos que son diferentes en otras provincias, las investigaciones tienen esquemas de acuerdo a los regímenes. Hay cuestiones que son propios de cada lugar”.
Y completó: “Los números de cibercrimen en general siguen aumentando, el registro de denuncias es constante, diario. Por efecto inmediato aumenta este tipo de modalidad y lo que viene después que son las medidas que podemos pedir al juez. En estos años hemos hecho una red de operadores policiales y judiciales para poder facilitar de alguna manera el trabajo”.
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