Por Redacción Grupo La Verdad
La reforma de la Ley de Seguridad Pública de la provincia de Buenos Aires comenzó a debatirse con una ronda de consultas que involucra a intendentes y funcionarios municipales. En ese marco, el secretario de Gobierno de Junín y ex responsable del área de Seguridad, Lisandro Benito, consideró que uno de los aspectos más importantes del proyecto es el reconocimiento institucional del rol que cumplen los municipios en una problemática que, según afirmó, hace tiempo dejó de ser una responsabilidad exclusiva de la administración provincial.
«El primer propósito que está planteado en los ejes del debate es reconocer como un actor importante de la agenda de seguridad de la provincia a los intendentes y a las áreas de seguridad de cada municipio. Creo que es un objetivo loable, porque hasta la fecha no era así», sostuvo.
Benito recordó que el involucramiento de los gobiernos locales fue creciendo durante las últimas dos décadas, impulsado por las demandas de los propios vecinos.
«Ante un hecho delictivo o una necesidad en materia de seguridad, el vecino recurre al que tiene más cerca. Y ese es el intendente o los funcionarios municipales. La mayoría no sabe quién es el ministro de Seguridad o el jefe de la Policía, pero sí sabe quién es el intendente», señaló.
En ese sentido, sostuvo que la futura norma debe reflejar una realidad que ya existe en la práctica y otorgar a los municipios un reconocimiento formal dentro del sistema de seguridad pública bonaerense.
Según explicó, las comunas han asumido responsabilidades que exceden las obligaciones que la Constitución y la legislación vigente asignan a la Provincia. Entre ellas mencionó la creación de centros de monitoreo, la incorporación de tecnología, la compra de cámaras, drones y patrulleros, el aporte de combustible, el mantenimiento de móviles policiales y la adquisición de motocicletas y bicicletas para colaborar con las tareas preventivas.
El debate sobre los cuerpos municipales
Otro de los puntos que Benito consideró relevante es la posibilidad de otorgar un marco legal a distintos cuerpos municipales que fueron surgiendo en los últimos años bajo diferentes denominaciones.
«Muchos municipios fueron creando patrullas urbanas o cuerpos comunales que hoy no tienen un reconocimiento formal dentro de la provincia. También es saludable que ese tema forme parte del debate», expresó.
No obstante, aclaró que Junín no avanzó en la creación de una fuerza municipal, aunque sí desarrolló mecanismos de trabajo conjunto con la Policía Bonaerense.
Como ejemplo mencionó los operativos vinculados al control de motos, la atención de siniestros viales y otras intervenciones relacionadas con situaciones que no constituyen delitos graves, pero que requieren una presencia preventiva del Estado.
«Cada municipio deberá tener autonomía para definir si crea esos cuerpos y cuál será el modelo de patrullaje urbano que adopte», sostuvo.
Profesionalización y mejores salarios
Benito también planteó que la discusión sobre la reforma debe incluir una revisión más profunda del funcionamiento de la Policía Bonaerense.
A partir de su experiencia al frente del área de Seguridad municipal, afirmó que resulta indispensable avanzar en la profesionalización de la fuerza, aunque advirtió que ello debe ir acompañado por una mejora salarial.
«No podemos pensar en una policía profesionalizada con salarios muy magros para una actividad de sumo riesgo. Es una tarea que debe estar bien remunerada», afirmó.
En ese sentido, propuso analizar experiencias como la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias, adaptándolas a las particularidades bonaerenses.
Una fuerza más coordinada
Otro de los aspectos sobre los que hizo hincapié fue la necesidad de mejorar la coordinación entre las distintas dependencias policiales que actúan en el territorio.
Benito consideró que actualmente existe una fragmentación entre las distintas especialidades de la fuerza que muchas veces dificulta el aprovechamiento integral de los recursos disponibles.
Como ejemplo recordó que, durante su gestión, se promovió que unidades como Bomberos, Policía Ecológica o Explosivos colaboraran con tareas preventivas en sectores donde se registraban hechos delictivos.
Mencionó el caso de la zona del Colegio Nacional, donde la presencia de un móvil de alguna de esas dependencias durante determinados horarios contribuyó a desalentar robos y daños a vehículos. «Hay que coordinar el personal, los móviles y los recursos tecnológicos para ponerlos todos al servicio de la seguridad del territorio», afirmó.
Finalmente, volvió a destacar que cualquier reforma del sistema de seguridad provincial debe contemplar el protagonismo de los gobiernos locales.
«No es posible una mejor seguridad pública sin el involucramiento de los intendentes, que son quienes conocen el territorio y a quienes el vecino les golpea la puerta cuando ocurre un hecho de inseguridad», concluyó.
