Por Redacción Grupo La Verdad
En el mes de agosto de 2022 el Juzgado Federal de Junín, a cargo del magistrado Héctor Pedro Plou, en un fallo de primera instancia, resolvió declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones del Decreto 851/2021 a partir del 1 de enero de 2022, normativa que se aplica a las alícuotas de derechos de exportación (retenciones) al sector agropecuario. Lo confirmó en ese momento el abogado y ex presidente de la Sociedad Rural del distrito, Alejandro Barbieri, quien impulsó el amparo judicial junto a su colega Luis Panetta.
Esa situación, apelada por el Gobierno Nacional, derivó en la Cámara Federal de la ciudad de La Plata, sala 3, y luego de ocho meses no se resolvió la cuestión de fondo, ni siquiera especifica si la vigencia del fallo de primera instancia sigue vigente, y en consecuencia se giró el expediente a la provincia de Córdoba, al juzgado federal de primera instancia.
«Tras más de 8 meses de tramitación en la Cámara Federal de La Plata, dicho tribunal dictó resolución pero evitando pronunciarse sobre el fondo del asunto, demostrando nulos compromisos para con la ciudadanía y los derechos constitucionales en juego», criticó en esta oportunidad, Barbieri, en declaraciones a Grupo La Verdad y remarcó: «se ordenó remitir la causa a la justicia federal de Córdoba para la tramitación del caso como amparo colectivo, siendo que nuestra demanda jamás tuvo el alcance esgrimido por la Cámara».
«Es por ello que junto con el Dr. Panetta estamos evaluando los pasos a seguir pero no es una lucha que vamos a abandonar, buscando soluciones concretas a favor de los productores primarios», adelantó y comunicó que «seguramente presentaremos un recurso extraordinario para que resuelva la Corte Suprema de Justicia de la nación».
Además, el abogado explicó que «ninguna de las partes, tanto el PE nacional como los actores plantearon el tema de la incidencia colectiva. Siempre se trató de una acción individual».
Tiempos razonables
Y señaló que «el amparo avanzó en tiempos judiciales razonablemente. Lo que sí nos llamó la atención es que después de ocho meses saquen una resolución judicial de este tipo que lo podrían haber hecho el día dos en todo caso. No tocaron nada de fondo ni se expresaron sobre la sentencia de primera instancia, con lo que cual la resolución tiene varias cuestiones a revisar».
«Vamos a seguir adelante y para eso están las distintas instancias dentro del Poder Judicial. Este es un caso novedoso que ha logrado que se reconozca legitimación activa para que los productores puedan reclamar por los derechos de exportación», adelantó.»El derecho de exportación lo quita el exportador, pero después eso se lo descuentan al productor. En 2020 y en 2021 salieron unas compensaciones desde el estado, es decir que están reconociendo el perjuicio a través del ministerio de economía», completó.Y cerró: «el fallo de Junín es el primero en el país que reconoce esta situación y uno va a seguir adelante, luchando para que esto quede de esta manera, que es lo más importante. El tema era la legitimación activa y marcar jurisprudencia para una defensa concreta y activa del productor».
ANUNCIOS PARA EL TRIGO
El ministro de Economía, Sergio Massa, prometió medidas para impulsar la siembra de trigo y adelantó que trabajarán en una reforma a la Comunicación A 7720 del Banco Central (BCRA), que en marzo pasado prorrogó un encarecimiento del crédito a los productores que tienen más de un 5% de soja en stock. Lo hizo en el marco del anuncio de un fondo de $7500 millones destinados para asistir a los productores avícolas comerciales y de traspatio que tuvieron que sacrificar animales por la influenza aviar.
Barbieri, en ese sentido, criticó: «esto lo anunció hace 7 meses, es el cuento de la buena pipa, que iba a reformar la comunicación del Banco Central que encarece los créditos a productores que tengan más de un 5% de soja acumulada. Una medida completamente injusta y discriminatoria».
«Hoy en este contexto inflacionario y no tener una moneda estable hace que cualquier persona, comercio o en este caso el productor busque refugio en su producción, para defender el valor. El que tiene hierro los guarda, el que tiene juguetería, etc.», opinó.
Asimismo, remarcó que «el productor guarda la soja para pagar sus compromisos al no tener una moneda con valor real. Pasa en cualquier actividad para poder seguir adelante, no va en desmedro del país».
«En esta zona núcleo de Pergamino, Rojas y Junín la cosecha gruesa fue desastrosa, se están acomodando los contratos de alquiler, no se pudieron pagar, no se van a poder pagar la primera cuota del año», finalizó.
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