Por Redacción Grupo La Verdad
Se cumplen hoy 26 años del asesinato de Claudia Colo, una mujer que el 15 de enero de 2000 encontró la muerte de la forma más violenta.
La joven se desempeñaba como empleada administrativa en una compañía de seguros y fue asesinada a manos de un hombre que prestaba servicios de mantenimiento informático para la misma empresa.
El hecho, por sus características, causó estupor, y una profunda conmoción en el ámbito de nuestra ciudad. La noticia, entonces, ganó páginas en los diarios y llegó a ser replicada por varios medios de la región y del país.
La muerte
La vida de Claudia Silvina Colo, entonces de 25 años, se terminó durante la tarde del 15 de enero de 2000.
Un compañero de trabajo concurrió a la oficina de Rivadavia 232, alrededor de la 1 de la madrugada del domingo 16, alertado por la preocupación de la familia Colo ante la ausencia de la malograda joven.
El cadáver apareció dentro de dos bolsas de consorcio. Tenía signos externos de violencia y lesiones compatibles con mecanismos de muerte por asfixia por estrangulamiento.
La secretaria había recibido otros golpes en el resto del cuerpo; tenía escoriaciones en la mejilla, rodilla y otras partes y sufrió fuertes traumatismos de cráneo. Sus pies y manos estaban atados con cables.
Según establecieron los investigadores fue asesinada y el cuerpo fue llevado a una cocina que había en las oficinas.
El asesino
El lunes 17 de enero de ese mismo año, es decir menos de 48 horas más tarde, fue aprehendido José Luis Correa (por entonces de 34 años) en San Andrés de Giles, cuando se trasladaba en un remis, portando un bolso en cuyo interior había elementos sustraídos en el lugar del crimen. También le secuestraron en su poder varias llaves que después, con las pericias correspondientes, se comprobó que correspondían a la cerradura de la puerta del local de la aseguradora donde ocurrió el homicidio, que luego de la muerte de la chica habían sido cambiadas.
Asimismo, llevaba cuatro chequeras en blanco, siete bolsas de residuo negras, una pistola calibre 22 Bersa, doscientos cheques, $ 4.500 en efectivo y cuatro DNI de ciudadanos de Chacabuco.
En 2001 Correa fue condenado a prisión perpetua por haber sido considerado autor penalmente responsable de los delitos de «Homicidio calificado críminis causa, en concurso real con Robo calificado por el uso de arma, y portación de arma de uso civil sin la debida autorización».
El Tribunal Oral N° 1, integrado por los doctores Andrés Francisco Ortiz, Juan Esteban Garelli y Miguel Angel Vilaseca, dictó un veredicto condenatorio tras considerar probada la autoría del acusado en el asesinato de Claudia Silvina Colo en el local comercial de avenida Rivadavia 232.
Correa, quien trabajaba en sistemas informáticos cuando cometió el crimen, comenzó a estudiar Abogacía en la cárcel y ya se recibió y prestó juramento.
En 2010 estaba alojado en una unidad penitenciaria de La Plata, a disposición del Tribunal de Junín, y comenzó la carrera de Ciencias Económicas. En ese año ya accedía a algunos beneficios, como el de salidas transitorias desde las 8 hasta a las 20.
Fuentes judiciales indicaron en ese momento que Correa figura en los informes del Servicio Penitenciario como un interno «ejemplar» y con una conducta destacada.
En 2014 el analista en sistemas sentenciado a prisión perpetua por el brutal homicidio de Colo, fue trasladado a la Unidad Penitenciaria Nº 13 desde el penal de Sierra Chica.
En diciembre de 2013, el juez Jorge Ariel Coppola, titular del Juzgado Correccional Nro. 3 del Departamento Judicial Junín, había denegado el pedido de libertad condicional que había solicitado José Luis Correa. Antes de Sierra Chica, Correa estuvo detenido en la Unidad 9 de La Plata.
En mayo de 2017, Claudia Dana, quien en ese momento estaba subrogando el Juzgado de Ejecución Penal de Junín, decidió otorgarle la libertad condicional a Correa, lo que le valió a Dana la condena social en forma enérgica y contundente, como también unánime.
Inclusive el ex intendente Pablo Petrecca recibió entonces audiencia a los padres de Claudia, en un respaldo enérgico y que contribuyó a que la sociedad juninense le diera la espalda a Dana.
Días después, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal revocó la medida, por lo cual el condenado debió continuar entre rejas.
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