Por Redacción Grupo La Verdad
El secretario general de ATSA Seccional Junín, Héctor Azil, cuestionó el decreto del Gobierno nacional que modifica el esquema de aportes y contribuciones sobre determinados conceptos salariales, al considerar que la medida tiene como verdadero objetivo reducir el financiamiento de las organizaciones sindicales y limitar su capacidad de acción.
El dirigente señaló que, si bien la administración nacional fundamentó la decisión en la necesidad de otorgar mayor transparencia y previsibilidad al sistema, detrás de esa explicación existe una intención de afectar económicamente a los gremios.
«Más allá de la excusa del Gobierno de que lo hace para transparentar y dar mayor previsibilidad, en realidad lo que busca es desfinanciar a los sindicatos», afirmó en diálogo con Grupo La Verdad.
Qué cambia con el decreto
Azil explicó que la normativa establece que determinados conceptos salariales dejarán de integrar la base sobre la cual se calculan los aportes y contribuciones destinados a distintos fondos convencionados entre sindicatos y empleadores.
Según indicó, quedarán excluidos conceptos como las horas extras, premios, bonos, aguinaldo, plus vacacional, sumas no remunerativas y cualquier otro adicional que no sea considerado una remuneración «normal y habitual».
«Prácticamente sólo se tomarán el sueldo básico, la antigüedad y algunos adicionales específicos que puedan existir en determinados convenios. Todo el resto queda afuera», explicó.
El secretario general de ATSA remarcó que esos aportes extraordinarios no son comunes a todas las actividades, sino que surgen de acuerdos paritarios y convenciones colectivas, mediante las cuales se financian diferentes prestaciones que brindan las organizaciones sindicales.
«Hay convenios que contemplan contribuciones para la obra social, para actividades educativas, recreativas, deportivas o culturales. Todo eso es lo que este decreto viene a limitar», señaló.
«Afecta la capacidad de los sindicatos»
Para Azil, la medida trasciende el aspecto económico y apunta directamente al funcionamiento de las entidades gremiales.
«Es una forma de afectar la capacidad de los sindicatos para representar, asistir y defender a sus afiliados», sostuvo.
En ese sentido, consideró que la decisión se inscribe dentro de una política del Gobierno nacional orientada a debilitar a las organizaciones de trabajadores.
«En vez de concentrarse en mejorar la economía, permanentemente están buscando de qué manera debilitar a los sindicatos para que la protesta social no se escuche», expresó.
El impacto económico
Consultado sobre cuánto podrían resentirse las finanzas sindicales, Azil admitió que todavía resulta imposible hacer una estimación precisa.
«La verdad es que hoy no podemos dimensionar cuánto va a afectar porque primero hay que ver cómo termina aplicándose el decreto», manifestó.
Sin embargo, aclaró que la principal preocupación no pasa exclusivamente por los recursos económicos sino por el criterio que, a su entender, inspira la medida.
«Molesta más el fondo de todo esto que el impacto puntual que pueda tener. Creemos que existe una decisión política de ir quitándoles herramientas a las organizaciones sindicales», sostuvo.
«No vamos a dejar de hacer lo que hacemos»
A pesar del nuevo escenario, el dirigente aseguró que ATSA Junín mantendrá todas las actividades y servicios que actualmente presta a sus afiliados.
«No vamos a dejar de hacer las cosas que hacemos. Vamos a seguir capacitando y formando trabajadores y trabajadoras», afirmó.
Como ejemplo, recordó que el sindicato comenzará en los próximos días con el primer ciclo de la Licenciatura en Enfermería, una propuesta que representa un nuevo paso en la formación profesional del sector.
Además, señaló que continuarán funcionando los complejos deportivos, las actividades recreativas y culturales, los espacios de capacitación y todos los beneficios destinados a los trabajadores de la sanidad y sus familias.
«Tendremos la inteligencia y la capacidad para administrar los recursos que nos correspondan. Nuestros compañeros nos confían esos fondos y nosotros tenemos la responsabilidad de transformarlos en servicios y beneficios», remarcó.
La respuesta a los argumentos oficiales
Azil también rechazó la explicación del Gobierno respecto de la necesidad de reforzar los mecanismos de control sobre los fondos sindicales.
«Hablan de pedir una contabilidad aparte para estos recursos, pero esa contabilidad siempre existió. Nosotros presentamos balances ante la Secretaría de Trabajo y estamos permanentemente sujetos a controles», afirmó.
En esa línea, sostuvo que el Estado ya cuenta con todas las herramientas necesarias para fiscalizar el funcionamiento de las organizaciones gremiales.
«No es que ahora quieran incorporar controles que antes no existían. Las facultades para controlar siempre las tuvieron porque les corresponde hacerlo», indicó.
Incluso comparó la situación con lo ocurrido, según su visión, con el sistema universitario. «Se utilizaron argumentos similares cuando hablaron de las universidades. Primero plantean que quieren controlar y después terminan desfinanciando», cuestionó.
