La incorporación de la figura de “ecocidio” al Código Penal está generando una fuerte reacción en el sector productivo argentino.
Por: José Luis Amado –Periodista Agro- Exclusivo para GRUPO LA VERDAD
Mientras el proyecto de ley avanza en el Senado bajo el expediente S-1064/25, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), la Asociación Forestal Argentina (AFoA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) coincidieron en advertir que el texto, en su redacción actual, puede generar una elevada incertidumbre jurídica y terminar alcanzando a actividades productivas legales y reguladas.
En pocas palabras, el proyecto, que ya obtuvo dictamen favorable en junio en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara de Senadores, propone establecer penas de entre 3 y 15 años de prisión; y sanciones de hasta 25 años en casos donde existan circunstancias agravantes.
El eje de la discusión está en la forma en que el proyecto define el “ecocidio”. El dictamen contempla penas para quien provoque daños ambientales especialmente graves, extensos y duraderos, mientras que eleva las consecuencias cuando el daño sea considerado irreversible. El proyecto también contempla agravantes si se producen muertes y establece una modalidad culposa, es decir, situaciones que podrían derivar de imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de deberes.
Para las entidades del campo, el problema aparece cuando esas categorías no están acompañadas por parámetros técnicos suficientemente determinados.
Uno de los cuestionamientos más fuertes está relacionado con la diferencia entre las palabras impacto y daño ambiental. Las entidades sostienen que toda actividad humana genera algún nivel de impacto sobre el ambiente, pero que ello no significa necesariamente que exista un daño ambiental ilegal.
La inclusión del “ecocidio culposo” constituye otro de los principales puntos de alarma. El CAA sostiene que la modalidad permitiría avanzar penalmente frente a situaciones derivadas de imprudencia, negligencia, impericia o incumplimiento de deberes. Entre los escenarios que menciona aparecen fallas técnicas, accidentes logísticos, errores de cálculo en estudios de impacto ambiental o fenómenos climáticos extremos que no hubieran podido ser anticipados.
AFoA considera que ese esquema puede colocar a directivos, ingenieros y responsables técnicos frente a una exposición penal difícil de dimensionar. La preocupación se profundiza en sectores cuyos procesos productivos se desarrollan durante muchos años y en los que pueden intervenir múltiples responsables, contratistas y condiciones ambientales. Para la entidad forestal, la combinación de tipos penales abiertos y responsabilidad culposa puede multiplicar la litigiosidad y generar un escenario de incertidumbre permanente.
Por su parte, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) expresó su “profunda preocupación” por el proyecto de ley que busca incorporar el denominado “ecocidio” al Código Penal argentino. Desde CRA señalaron que la protección ambiental es un objetivo fundamental, pero cuestionaron que se incorporen figuras penales que consideran imprecisas y que podrían generar incertidumbre jurídica.
La entidad sostuvo que el país ya cuenta con un amplio marco normativo ambiental, que incluye la Ley General del Ambiente, la Ley de Residuos Peligrosos y distintas legislaciones provinciales. En ese sentido, planteó que el principal desafío es hacer cumplir de manera efectiva las normas existentes.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a conceptos incluidos en el proyecto, como “daño ambiental irreversible”, “equidad intergeneracional” y “afectación multiecosistémica”, que, según CRA, no tendrían parámetros objetivos suficientes para determinar qué conductas podrían constituir un delito.
La organización también advirtió sobre la posibilidad de que productores, empresas, trabajadores, funcionarios y responsables técnicos enfrenten procesos penales por actividades lícitas y reguladas. Finalmente, la entidad pidió a los legisladores revisar integralmente el proyecto antes de avanzar y reclamó que cualquier modificación del Código Penal respete los principios de legalidad, culpabilidad, proporcionalidad e igualdad ante la ley.
Para las organizaciones productivas, la discusión no debería centrarse en ambiente versus producción, sino en cómo establecer normas que castiguen efectivamente los daños graves sin convertir conceptos jurídicos indeterminados en una amenaza sobre actividades autorizadas.
Por eso, el reclamo al Senado es concreto. La industria forestal pidió el rechazo total del dictamen; el Consejo Agroindustrial solicitó que la iniciativa no avance en el recinto; y desde Confederaciones Rurales insistieron en que el ecocidio no debe convertirse en una herramienta para criminalizar la producción.
