Por Redacción Grupo La Verdad
La Dra. Karina Sánchez, ex titular de la Dirección para Personas con Discapacidad del Gobierno de Junín, habló con Grupo La Verdad y manifestó su preocupación por un posible freno de la Ley de Emergencia en Discapacidad impulsado por el gobierno nacional, que además presentó un proyecto para modificarla.
“En estos últimos años, la discapacidad ha estado en la línea de fuego. Siempre queremos visibilizar, pero no de esta forma. La Ley de Emergencia tiene que ver con las necesidades de la población con discapacidad y de los prestadores”, comentó.
La entrevistada contextualizó: “En el 2025 se sancionó la Ley de Emergencia en Discapacidad, por la cual se luchó mucho. Fue al Congreso y el Ejecutivo la vetó más de una vez. Por eso hubo tantas marchas. Finalmente se terminó poniendo en vigencia, pero con una orden judicial. Hoy la tenemos en vigencia y las cosas estarían más o menos en orden. Pero el Ejecutivo sigue intentando ver cómo la modifica o la suspende; nunca estuvo de acuerdo y por eso la vetó tantas veces. Iba a estar hasta diciembre de 2026, tampoco es tanto tiempo”.
“Hubo muchas manifestaciones por el proyecto que impulsa el gobierno. Tiene que ver con todo lo que están desregulando en todas la materias. El tema es que las personas con discapacidad somos vulnerables y no tenemos la misma posibilidad de ir a la lucha de oferta y demanda. Cada obra social y prepaga va a poder establecer aranceles, por lo que el prestador no va a estar en igualdad de condiciones. Es negativo este retroceso porque habla de que no hay inclusión social”, indicó.
Sánchez expresó que “es algo difícil porque puede pasar que muchos prestadores dejen de trabajar en esto. Hay dos problemas: el tema salarial o económico del prestador, y el tema vital de la persona con discapacidad, que funcionamos gracias a las prestaciones que general el ajuste razonable, la accesibilidad universal y la inclusión educativa”.
Y agregó: “En cuanto a las pensiones, el proyecto dice que va a haber un reempadronamiento obligatorio. Puede sonar como algo positivo, porque sí hay algunas pensiones que hay que revisar, pero es muy complejo para las personas con discapacidad en cuanto a la accesibilidad. Se pone la carga de la prueba en la parte más débil, donde tienen que ir a demostrar que sí tienen discapacidad. Se puede hacer más automático”.
Por otro lado, dijo que “otra cosa para marcar es que la Agencia Nacional de Discapacidad deja de ser un ente autónomo. Deja de ser una agencia para pasar a ser una secretaría dependiente del Ministerio de Salud, cosa que tampoco es positiva. Pierde rango, lo que hace que pierda autonomía en muchos sentidos, entre ellos presupuestario y de decisión. Además, vuelve a la ruta de Salud. Luchamos tanto para salir del modelo médico y volvemos a esa órbita”.
“Y otro punto importante y muy triste es la incompatibilidad con el empleo. Se había logrado que la pensión sea compatible con un salario mínimo y va a dejar de serlo. Entonces, la persona con discapacidad va a potar por la pensión y quedarse afuera del sistema. Ante un trabajo en blanco que no sabe cuánto va a durar y una pensión mínima pero segura, va a optar por la pensión”, señaló.
El Gobierno fue a la Corte Suprema para
frenar la Ley de Emergencia en Discapacidad
El Gobierno nacional decidió avanzar en la vía judicial para frenar la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La presentación fue realizada a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, con el objetivo de dejar sin efecto la norma sancionada por el Congreso de la Nación Argentina.
Desde el Ejecutivo sostienen que la legislación genera un fuerte impacto económico y compromete el equilibrio fiscal. En el escrito presentado ante la Corte, el Gobierno advierte que la aplicación de la ley implica “enormes erogaciones presupuestarias sin previsión de financiamiento”, lo que —según señalan— afecta la sostenibilidad del sistema.
Además, plantean que la situación reviste “gravedad institucional”, ya que la implementación de la norma podría impactar en áreas sensibles del gasto público, incluido el sistema de seguridad social.
Cambios propuestos en
el sistema de discapacidad
En paralelo, el Gobierno impulsa modificaciones a través de un proyecto denominado “Contra el fraude de pensiones por invalidez”, que introduce cambios estructurales en el sistema.
Entre los puntos principales se destacan:
*Reempadronamiento obligatorio de beneficiarios de pensiones por discapacidad
*Evaluación médica, socioeconómica y laboral para mantener el beneficio
*Suspensión automática en caso de incumplimiento
*Cruce de datos con organismos como ANSES y sistemas estatales
*Fijar las pensiones en el 70% del haber mínimo jubilatorio
*Eliminar adicionales por invalidez laboral o zona desfavorable
*Establecer la incompatibilidad total entre pensión y empleo formal
*Desregular el sistema de prestaciones y financiamiento
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