Luego de un pico de tensión política que incluyó denuncias de discriminación y hasta un reclamo parlamentario, los intendentes bonaerenses de PRO aceptaron la necesidad de firmar un convenio para cobrar la segunda cuota del llamado Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal, un trámite que alguno de ellos ya cumplimentaron en persona en reuniones con el gobernador Axel Kicillof.
La polémica se había abierto el lunes pasado cuando los alcaldes PRO rechazaron concurrir a la gobernación para un acto en el que se firmaron convenios para la entrega de la segunda cuota del Fondo, aprobado por ley, que repartió $37,5 mil millones de libre disponibilidad entre las 135 comunas de la Provincia, bajo el argumento de que ese paso legal no era necesario y se trataba solo de una jugada política.
Pero esa postura, que diferenció a PRO de la UCR, cuyos alcaldes sí convalidaron la firma y fueron al acto, comenzó a agrietarse el viernes, cuando el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, firmó el acuerdo aprovechando el paso por su ciudad de Kicillof con el ministro de Economía, Pablo López, que además anunciaron la puesta en marcha de un destacamento de la Unidad Táctica de Operaciones Especiales (UTOI) de la Policía Bonaerense.
Tras el gesto de Passaglia, este mediodía firmaron los acuerdos la intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado; el de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin y el de San Isidro, Ramón Lanús. Lo hicieron en la Gobernación, donde se vieron con Kicillof. En tanto, está previsto que los alcaldes de Pinamar, Juan Ibarguren y de Campana, Sebastián Abella, se reúnan con López para firmar.
Antes de aceptar el trámite, la mayoría de los alcaldes de PRO había firmado un duro comunicado en el que señalaban que para percibir la cuota del fondo (esta es la segunda y en total son cuatro) no era necesario firmar ningún convenio, además de dejar trascender que la demora no estaba relacionada con ese trámite sino que era parte de una represalia por no plegarse a una “maniobra de posicionamiento” del Gobernador, en referencia al acto de firma.
Uno de los impulsores de esa posición fue el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela –uno de los alcaldes de PRO de mayor cercanía con el presidente Javier Milei, aliado de Patricia Bullrich la ministra de Seguridad que busca acelerar una fusión de PRO con La Libertad Avanza- y por Soledad Martínez, de Vicente López, socia política de Jorge Macri, el alcalde de la CABA y ex de Vicente López, ex presidente de PRO bonaerense.
Ante el cambio de postura de algunos de sus pares, hay incertidumbre sobre las posturas que puedan tomar algunos otros intendentes como Javier Martínez (Pergamino) o Pablo Petrecca (Junín).
Además, la protesta había escalado hasta formar parte de la última sesión de la Cámara de Diputados, durante la cual algunos representantes de esa fuerza hicieron explícito el enojo.
Entre los alcaldes de PRO existe además malestar por el sistema de reparto de Fondo, que fue negociado por el radicalismo con el oficialismo de Unión por la Patria a fines del año pasado. En esa ocasión se definición que se use del CUD, un coeficiente que define el reparto de la coparticipación municipal, pero PRO quiere que se incluya un mix de ese código con los recursos corrientes.
