Consumidores y usuarios sobreendeudados
La iniciativa se enmarca en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor N° 24.240 y la Ley Provincial N° 13.133, y busca fortalecer la intervención del Estado local frente a situaciones en las que las personas, debido a dificultades económicas o a las condiciones en las que accedieron al crédito, se ven imposibilitadas de cumplir con sus obligaciones financieras sin poner en riesgo su economía familiar y su calidad de vida.
El proyecto define al sobreendeudamiento como aquella situación que compromete el acceso a bienes y servicios esenciales y afecta directamente la economía doméstica, la salud física y emocional y el proyecto de vida de las personas. En ese sentido, se reconoce que muchas veces estas situaciones no responden únicamente a un consumo excesivo, sino también a la necesidad de cubrir gastos básicos como alimentación, medicamentos, educación, vivienda o servicios públicos.
Un procedimiento especial a través de la OMIC
La propuesta establece que la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la recepción y tramitación de los reclamos. Una vez presentada la documentación correspondiente, el organismo contará con un plazo de 72 horas para analizar cada caso e impulsar el procedimiento de saneamiento y reestructuración de las deudas.
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Buscar acuerdos y recuperar la estabilidad económica
El proyecto prevé que, al momento de arribar a acuerdos o resolver reestructuraciones de deuda, se tengan en cuenta los ingresos reales y la capacidad de pago del consumidor, el origen del endeudamiento, el nivel de educación financiera, si el crédito fue otorgado respetando los principios de responsabilidad y buena fe y si las obligaciones asumidas resultan desproporcionadas.
Asimismo, se priorizarán aquellos casos vinculados con gastos esenciales relacionados con derechos fundamentales, como alimentación, salud, educación, vivienda y servicios públicos.
Educación financiera y prevención
La iniciativa también contempla el desarrollo de campañas de información, programas de educación financiera y acciones de concientización destinadas a promover un uso responsable del crédito y prevenir situaciones de endeudamiento excesivo. Estas actividades podrán llevarse adelante en conjunto con asociaciones de consumidores, defensorías del pueblo, colegios profesionales y otros organismos vinculados.
El objetivo principal es ofrecer una salida jurídica y económica a quienes atraviesan situaciones críticas, equilibrando la relación entre consumidores y proveedores y brindando herramientas que permitan recuperar la estabilidad patrimonial y preservar la economía familiar
PROYECTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES HIPERVULNERABLE
La iniciativa se sustenta en la legislación nacional y provincial vigente y otorga un marco normativo específico de actuación a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).
La propuesta reconoce que existen sectores de la población que, por razones de edad, discapacidad, condiciones socioeconómicas, género, situaciones culturales o sociales, enfrentan mayores dificultades para ejercer plenamente sus derechos como consumidores, por lo que resulta necesario establecer mecanismos de protección reforzada.
Entre los grupos comprendidos se encuentran niñas, niños y adolescentes, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad, integrantes del colectivo LGBTIQ+, migrantes, habitantes de zonas rurales y barrios populares, jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, monotributistas sociales, trabajadores de casas particulares, personas desempleadas y veteranos de guerra, entre otros.
La iniciativa designa a la OMIC como autoridad de aplicación y establece una serie de funciones orientadas a brindar un trato preferente y procedimientos administrativos más expeditivos para la atención de estos casos. Asimismo, contempla el acompañamiento y asesoramiento a los consumidores, la identificación de reclamos de oficio, la realización de gestiones ante proveedores, la promoción de medidas preventivas y el desarrollo de acciones de educación y capacitación específicas.
