Por Redacción Grupo La Verdad
El Estado nacional y la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIFSE) apelaron la resolución de la Justicia Federal que intimaba a que en el plazo de 30 días determinen qué futuro tendrían los trabajos paralizados sobre la avenida Rivadavia a la altura del paso nivel.
La noticia fue dada a conocer este viernes por la mañana, y confirmada por el doctor Pablo Rasuk ante Grupo La Verdad.
Rasuk, quien representa a un grupo de comerciantes y vecinos de la zona en cuestión, informó a este medio que “no interpusieron este recurso la Municipalidad de Junín ni la licenciataria Pietrobón y Sabavisa SA. Ahora nos darán vista a nosotros de esos fundamentos por 48 horas y probablemente la semana que viene el expediente sea elevado de manera electrónica a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata a fin de que se expida. Pero puedo confirmar que está apelada la sentencia”, puntualizó ante este medio el letrado.
La pasada semana, la Justicia Federal había instado a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado a tomar una decisión sobre el futuro de la obra dentro de los 30 días y dio un plazo máximo de 60 días posteriores para la ejecución de la medida, ya sea que se decida la continuidad o la reapertura de la misma.
La Justicia determinó que la empresa del Estado que tiene el ejercicio del dominio sobre parte de la propiedad, quien está a cargo de la obra del paso bajo nivel de Rivadavia, informase en el plazo de 30 días si iba a continuar con la obra o si va a abrir el paso a nivel, en función de los perjuicios que está ocasionando.
“Es una sentencia que considero trascendente, que no se inmiscuye en la ´órbita del Estado nacional, pero sí tiene una explicación técnica de cómo funciona la sociedad del Estado, la que decide sobre la realización o no de la obra”, había plantado Rasuk días pasados.
En el mes de octubre último se había elevado el recurso de amparo de parte de un grupo de comerciantes afectados por la paralización de la obra del paso bajo nivel, la cual contó con la adhesión de parte de la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ) y de la Federación de Sociedades de Fomento, con el objetivo principal de ejercer presión pública al Estado y al Gobierno nacional sobre la continuidad o no de la obra.
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