La senadora provincial Valeria Arata presentó un proyecto de declaración en el Senado bonaerense mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional que arbitre los medios necesarios para garantizar la efectiva asignación y ejecución de los fondos recaudados con destino a la infraestructura vial.
La iniciativa expresa la preocupación por el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Buenos Aires y advierte sobre la reducción de los niveles de ejecución destinados al mantenimiento y conservación de la red vial.
“Las rutas nacionales son una infraestructura estratégica para nuestra provincia. Por ellas circulan trabajadores, estudiantes, familias, turistas y, fundamentalmente, gran parte de la producción bonaerense. No podemos naturalizar su deterioro ni aceptar que los recursos destinados a mantenerlas no lleguen a las obras que hacen falta”, sostuvo Arata.
El reclamo cobra especial relevancia por el volumen de recursos que genera el propio sistema tributario sobre los combustibles. El Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, establecido por la Ley 23.966, constituye una de las principales fuentes de financiamiento del esquema de infraestructura y transporte. De acuerdo con la normativa vigente, el 28,58% de los recursos previstos en el artículo 19, inciso f), se incorpora al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, creado por el Decreto 976/2001. Desde junio de 2024, el Decreto 526/2024 establece que los recursos de ese fideicomiso se distribuyen en un 50% al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), un 32,5% al sistema automotor y un 17,5% al sistema ferroviario.
Los datos oficiales de ARCA muestran además la magnitud de los recursos involucrados. Bajo el concepto “Impuesto a los Combustibles”, se recaudaron $61.502 millones en diciembre de 2023, $2,52 billones durante 2024 y $4,85 billones durante 2025. En los primeros seis meses de 2026 se sumaron otros $3,20 billones, llevando la recaudación acumulada desde el inicio de la gestión de Javier Milei a más de $10,6 billones.
“Estamos hablando de recursos que los argentinos ya pagan cada vez que cargan combustible. No estamos reclamando que se cree un impuesto nuevo ni que se busquen recursos extraordinarios: estamos reclamando que se cumpla con el destino que la propia normativa establece y que esos fondos se transformen en mantenimiento, conservación y obras en las rutas nacionales”, afirmó Arata.
La senadora puso especial énfasis en la situación de la Ruta Nacional 7, uno de los principales corredores viales del país y una vía estratégica para el transporte de la producción agropecuaria e industrial, la actividad comercial y la conectividad de numerosas localidades bonaerenses.
“Para Junín y toda la región, la Ruta 7 no es solamente una ruta: es una vía fundamental para nuestra producción, nuestro trabajo y nuestra conexión con el resto del país. Su deterioro significa más riesgos para quienes la transitan, mayores costos logísticos y menos competitividad para nuestras empresas y productores”, señaló.
Arata advirtió además que la falta de mantenimiento no sólo afecta la seguridad vial y la circulación cotidiana, sino que también termina generando mayores costos futuros, ya que el deterioro de la infraestructura hace cada vez más compleja y costosa su recuperación.
“Una ruta que no se mantiene se deteriora todos los días. Y cuando finalmente se decide intervenir, la reparación cuesta muchísimo más. Por eso estamos reclamando que se utilicen los recursos que ya se recaudan y que tienen como destino la infraestructura vial”, afirmó.
La iniciativa sostiene que la inversión en infraestructura vial es una herramienta fundamental para promover el desarrollo económico, fortalecer la integración territorial y garantizar condiciones seguras de circulación, por lo que reclama que los fondos recaudados para esos fines sean efectivamente destinados a la conservación y mejora de la red vial nacional.
El proyecto también plantea la necesidad de transparentar el recorrido de esos recursos: cuánto se recauda, cuánto corresponde al sistema vial, cuánto se transfiere efectivamente y cuánto se ejecuta en obras. En particular, busca que pueda conocerse el impacto concreto de esos fondos sobre las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Buenos Aires.
“Defender las rutas es defender la producción, el trabajo y la seguridad de los bonaerenses. El Gobierno nacional debe dejar de postergar el mantenimiento de la infraestructura vial y garantizar que los recursos destinados a ese fin se transformen en obras”, concluyó Arata.
