La provincia de Buenos Aires publicó el Decreto 325/23 con el que pone en marcha el programa Municipios a la Obra por un monto total de 45.500 millones de pesos a dividir entre los 135 distritos. Se trata de un fondo establecido en el Presupuesto 2023 que reemplaza al Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) mediante el cual se giran recursos a las comunas para financiar obras de infraestructura.
La reglamentación indica que «se debe establecer que, una vez que el municipio presente el plan de obra/s a ejecutar a la Autoridad de Aplicación, se transferirá un treinta por ciento (30%) en concepto de anticipo financiero».
Además, se indicó que «la asignación de dicho fondo se realizará a cada municipio de acuerdo a un coeficiente combinado, compuesto en un cincuenta por ciento (50%) aplicando el Coeficiente Único de Distribución Ley N° 10.559 para 2023 y el restante cincuenta por ciento (50%) conforme a los ingresos corrientes percibidos durante el Ejercicio 2019».
«El gasto es capitalizado por el nivel de gobierno que es visualizado por la población como él ejecutó de la obra, no necesariamente por quien la financia», admitió un funcionario con trayectoria municipal e indicó que «las obras se pueden ver y eso es lo que hay que exhibir, en lo que hay que trabajar”.
De todos modos, reconoció que «si los fondos van a tardar meses en llegar todos los anuncios no sirven de nada. Si una cuadra de asfalto tiene un valor ahora y los fondos llegan 4 meses después ya empezamos con precios que no son acordes a los iniciales y los tenemos que poner los municipios porque los vecinos reclaman la obra y lo merecen. Si van a demorar eso no tiene sentido la herramienta».
“El camino para mejorar la vida de los bonaerenses en un momento de angustia e incertidumbre económica es generar mayor descentralización de fondos, por ser los gobiernos locales los más cercanos a los vecinos y con las herramientas para resolver sus problemas», señaló además.
Por otra parte, los alcaldes radicales, en un comunicado luego del encuentro del foro UCR, sostuvieron que «el principal reclamo a la provincia tiene que ver con la compensación de los fondos de obras y seguridad que se vieron afectados por la inflación y los retrasos de implementación».
En el texto sostienen la urgencia en encontrar una solución a los desfasajes económicos, un problema que impacta al momento de concretar las obras planificadas. También requirieron certidumbre en cuanto a los recursos para Seguridad y sostienen que también se desactualizaron los fondos para esa problemática. «En ambos casos amerita que el gobierno de la provincia acompañe a los municipios para poder lograr los objetivos acordados y comprometidos con los vecinos», dijeron.
Las obras son amores. La provincia lo sabe y los intendentes, que tienen el termómetro a mano de sus vecinos, aún lo viven con mayor cercanía. Es 2023, «hay que bajar la artillería» y concretar. De otro modo, piensan, «no le sirve a nadie».
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