Por Nicolás Gauna*
*Abogado – delegado regional del Ministerio de Trabajo
Según los últimos datos publicados por el INDEC, en el cuarto trimestre de 2025 la tasa de informalidad laboral alcanzó el 43% de la población ocupada en los principales aglomerados urbanos del país. Esto significa que aproximadamente 5,8 millones de trabajadores argentinos se encuentran sin cobertura de obra social ni descuentos jubilatorios, es decir, sin las prestaciones básicas que corresponden a una relación laboral registrada.
Pese a los tres intentos de reforma laboral impulsados por el gobierno de Javier Milei y al giro hacia una mayor apertura comercial con reducción de protecciones al mercado interno, la informalidad no solo no se redujo, sino que registró un incremento interanual de un punto porcentual respecto al mismo período de 2024. Los anuncios optimistas del Ejecutivo contrastan con una realidad dura: el desempleo subió al 7,5%, el empleo formal se estancó o retrocedió en varios sectores, cerraron empresas —especialmente en la industria—, se destruyó capacidad productiva nacional y continuó cayendo el poder adquisitivo de los salarios.
La flexibilización laboral y la desprotección del mercado interno prometían generar empleo de calidad y formalización masiva. Sin embargo, los números oficiales reflejan lo contrario: la informalidad avanza, la precarización se consolida y los problemas estructurales del mercado de trabajo argentino siguen profundizándose.
Gobernar es, en esencia, generar condiciones para que cada persona que quiere trabajar pueda hacerlo con dignidad: con aportes jubilatorios que garanticen una vejez digna, cobertura de salud de calidad y salarios que permitan vivir sin precariedad.
La flexibilización indiscriminada y la apertura sin red de contención no han demostrado ser la solución. Debemos poner al trabajador en el centro de las decisiones: proteger el empleo nacional, fomentar la industria y el trabajo registrado, y construir un modelo productivo inclusivo que no deje a millones de argentinos fuera de los derechos laborales básicos.
En resumen, solo así se podrá revertir esta tendencia y construir un país donde el trabajo sea sinónimo de progreso y seguridad social.
