Esta semana quedó determinado que el Ministerio de Salud modificará la estructura del programa Remediar. La decisión sobre este relanzamiento, se argumentó oficialmente, queda inscripta en el marco de una readecuación de prioridades “para volver cada vez más sostenible la atención, en una geografía vasta y heterogénea” como es la del territorio argentino.
A nivel local, funcionarios y dirigentes de diversos espacios dieron cuenta de dificultades y reconocen, además, que la demanda del sistema sanitario es creciente.
En el ámbito nacional, no obstante, las advertencias no provienen únicamente de sectores opositores. Distintos especialistas han alertado que el desfinanciamiento en salud puede generar discontinuidades y agravar cuadros que lleven a colapsar el sistema.
Creado en 2002, en una aguda crisis social y económica, Remediar nació como respuesta a una realidad dramática: millones de personas no podían acceder a medicamentos básicos.
Con el tiempo, lentamente, fue dejando de ser una política de emergencia para convertirse en un eje esencial del sistema sanitario, garantizando, entre otras cosas, la provisión de tratamientos en el primer nivel de atención.
Hoy, casi 25 años después, el programa es puesto en jaque. La decisión de reducirlo implica un redireccionamiento que apunta a limitar alcances, aunque ignorando una característica central del sistema de salud: su funcionamiento integral.
Este (nuevo) recorte no es simplemente una decisión administrativa ni un ajuste técnico en una planilla de cálculos. Es, en definitiva, una redefinición del rol del Estado en uno de los terrenos más sensibles: el acceso a la salud. No implica solo una mayor o menor cantidad de medicamentos, sino determinar quién accede a un tratamiento y quién queda afuera.
