Por Redacción Grupo La Verdad
A propósito de esta situación, el Dr. Javier Ochoaizpuro, ex fiscal del Departamento Judicial de Junín y abogado, manifestó que “una actuación oficiosa está en contra de lo que marca la ley, no se pueden invertir los principios constitucionales ni meter a todos en la misma bolsa porque de esta manera todos pasarían a ser culpables por delitos de adulteración y falsificación a la hora de facilitar este tipo de licencias”.
Luego, Ochoaizpuro afirmó que “este no es un tema para resolver con declaraciones políticas de este estilo, sino que se debería abordar de otra manera como poner a revisión los salarios por ejemplo”, y ahondó: “Estoy en contra de que se promuevan investigaciones de esta naturaleza a diestra y siniestra”.
“Hubo casos de investigaciones judiciales en los que se constató la utilización de certificados falsos o falsificados ideológicamente, incluso con el uso de sellos médicos, y es cierto que existe un abuso de ese tipo de licencias, pero se debe investigar cada caso en particular”, explicó el profesional.
Para finalizar, el entrevistado comentó que “el accionar judicial debe ser como marca la ley en estos casos, por denuncias o investigaciones, pero no legajo por legajo y con la condición de poner a todos como sospechosos de haber cometido un delito”.
Veronelli instaló el tema
La concejal del bloque La Libertad Avanza, Belén Veronelli se refirió a un pedido de informes presentado para conocer la situación del personal y los móviles de la Policía Bonaerense afectados a la seguridad en Junín.
La concejal explicó que se trata de un reclamo que ya había realizado el año pasado ante la Provincia y que nunca obtuvo respuesta, motivo por el cual volvió a insistir, esta vez dirigiendo el pedido al Ejecutivo municipal para que la información sea brindada de manera oficial.
“El primer punto es saber cuántos policías hay realmente en Junín y cuántos están activos. No es lo mismo el personal asignado que el que efectivamente está trabajando”, explicó. El pedido incluye la cantidad total de efectivos al 15 de febrero, cuántos se encuentran en actividad, cuántos están con licencia o carpeta médica y el estado de los móviles policiales, tanto operativos como fuera de servicio.
Sin embargo, remarcó que su mayor preocupación está puesta en una cuestión más profunda, vinculada al control del desempeño policial. En ese marco, sostuvo que fiscales y jueces deberían actuar de oficio ante posibles irregularidades.
“¿Hay alguien que está avalando licencias o carpetas médicas? ¿Hay alguien que cobra por eso o hace la vista gorda?”, planteó, y consideró que esas situaciones deben ser investigadas por la Justicia. Según indicó, ningún efectivo policial va a denunciar este tipo de hechos, por lo que el accionar judicial resulta clave.
La edil aclaró que el bajo salario que perciben los policías no justifica el incumplimiento de sus funciones. “Es una injusticia para los efectivos que sí cumplen con su labor, pese a lo mal que cobran”, señaló, y agregó que, una vez que se cuente con información oficial, la Justicia deberá determinar si las licencias médicas están debidamente justificadas.
