Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados bonaerense busca obligar a las expendedores de combustibles de la provincia a informar al Gobierno con 72 horas de anticipación cualquier cambio en los precios, al tiempo que obliga a las estaciones de servicios a publicitar esos incrementos en la cartelería al público 48 antes de que entren en vigencia.
El texto del proyecto prevé además duras sanciones para las petroleras y estaciones de servicios que no cumplan con esos plazos, que incluyen multas, suspensiones y clausuras, entre otras penalidades. En el caso de las multas, equivalen a un valor de entre 5.000 y 150.000 litros de nafta súper en el caso de los abastecedores de combustibles y de 100 a 500 en el de las estaciones de servicios.
La iniciativa, presentada por la diputada Ayelén Rasquetti (Unión por la Patria), está en manos de la Comisión de Servicios Públicos de la Cámara de Diputados bonaerense, generó un fuerte rechazo por parte de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), quienes manifestaron su preocupación a través de cartas enviadas al Legislativo provincial.
Según FECRA, que representa a unas 500 pymes operadoras de estaciones de servicio en la provincia, el proyecto no contempla factores clave para la operatoria diaria. En su carta, la federación advirtió sobre el “riesgo de desabastecimiento, ya que, ante una variación anunciada con antelación, provocaría que los operadores y consumidores adelanten compras, llenando los tanques, generando picos de demanda que llevan inexorablemente al desabastecimiento”. La entidad aclaró que sus empresas “no son formadoras de precios” y recordó esas situaciones de falta de combustible ocurridas en 2023.
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