La investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra el ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde sumó un nuevo capítulo judicial luego de que el fiscal federal Sergio Mola solicitara rechazar la recusación presentada por la defensa del ex intendente de Lomas de Zamora para apartarlo de la causa.
La posición del fiscal fue difundida oficialmente por el Ministerio Público Fiscal y se da en medio de una escalada de tensión entre la acusación y los abogados del ex funcionario, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
Según trascendió en medios especializados, la defensa de Insaurralde argumentó que Mola habría tenido una actuación parcial durante la investigación y tomó como base algunos cuestionamientos formulados previamente por el juez federal Luis Armella, quien rechazó días atrás el pedido de detención del ex funcionario y de su ex esposa Jesica Cirio.
La recusación llegó en un momento clave del expediente, que se reactivó con fuerza tras la difusión de videos donde se observan importantes sumas de dinero en efectivo en una propiedad vinculada al entorno de Insaurralde.
A partir de ese material, la fiscalía impulsó allanamientos, nuevas pericias y el análisis de dispositivos electrónicos para determinar el origen de los fondos y reconstruir eventuales movimientos patrimoniales.
Mola se convirtió en una de las figuras centrales de la investigación luego de solicitar la detención de Insaurralde y Cirio por considerar que existía riesgo de ocultamiento o destrucción de pruebas.
Sin embargo, Armella rechazó esos arrestos, aunque dispuso medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de salida del país y la obligación de permanecer dentro de un radio determinado de sus domicilios sin autorización judicial.
La causa tiene origen en el denominado“Yategate”, desatado en 2023 cuando se difundieron imágenes de Insaurralde junto a Sofía Clerici a bordo del yate Bandido en Marbella. A partir de entonces, distintas denuncias impulsadas por dirigentes opositores derivaron en una investigación patrimonial que abarca el período comprendido entre 2009 y 2023.
Además de los presuntos movimientos financieros bajo análisis, la Justicia ordenó inspecciones en propiedades vinculadas al ex funcionario y mantiene abiertas líneas de investigación relacionadas con sociedades comerciales, bienes inmuebles y eventuales maniobras de lavado.
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