Los bloques de la oposición “dialoguista”, conformada básicamente por la UCR y Hacemos Coalición Federal, ya manifestaron que no desean bloquear el mega decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei, pero tampoco están dispuestos a dejar pasar los aspectos más controversiales de la iniciativa, por lo que estudian caminos para reinterpretar la ley y así poder desglosar el texto y aprobarlo por partes.
Las bancadas de la oposición moderada no quieren dejar la impresión en estos primeros meses de La Libertad Avanza de querer desestabilizar o poner patas en la rueda a un Gobierno que todavía tiene crédito abierto en la sociedad y goza de niveles aceptables de popularidad. Y mucho menos quieren aparecer pegadas al kirchnerismo.
Es por eso que recargan al máximo la imaginación para encontrar vías alternativas al procedimiento ordinario de arbitraje sobre la validez de un DNU, que es la votación por sí o por no y a libro cerrado de todo el contenido de la norma del Poder Ejecutivo.
Así fue siempre y es lo que estipula la ley 26.122 sobre tratamientos de DNU. Sin embargo, en un exceso de «creatividad», la oposición “responsable” propone borrar de un plumazo toda la doctrina y aprobar o desaprobar reforma por reforma del decreto de más de 300 artículos. Como si cada artículo constituyera en sí mismo un decreto.
¿Qué artilugio encontraron para poder justificar esta práctica de dudosa legitimidad? Que en la letra de la ley ómnibus se incluyó el artículo 654 por el que solicita que el Congreso apruebe el DNU 70/2023.
A su vez, la “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos” replica algunas de las reformas que ya había dispuesto el mega DNU, como aquellas vinculadas a las privatizaciones de empresas públicas, las medidas de flexibilización laboral y del régimen de compras del Estado.
Según los sectores de la oposición aludidos, estas inclusiones abren lugar a que pueda reinterpretarse a ley 26.122 y que de esa forma se pueda modificar el criterio que se siguió siempre para ratificar o invalidar decretos.
“El proyecto de ley ómnibus incluye el Artículo nº 654 para ratificar el DNU 70/23. De esta manera el pronunciamiento del Congreso sobre el decreto queda automáticamente incluido entre los temas habilitados a considerar por parte de los diputados y senadores en el período de sesiones extraordinarias. Esto es muy significativo para el reencauzamiento institucional y republicano», escribió en su cuenta de X el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, con el aval de su jefa política, Elisa Carrió.
“Con su inclusión (en la ley), el Presidente reconoce que el contenido de su decreto podría haber sido promovido a través del proceso normal de formación y sanción de las leyes y de esta manera es posible que podamos ratificar tema por tema del DNU haciendo un estudio serio, riguroso y responsable de la agenda de reformas impulsada por el Ejecutivo”, consideró.
Este plan de contingencia se suma a otras alternativas que le había sugerido la UCR a Milei para que pueda hacer valer su plan de reformas ultraliberales sin necesidad de saltearse al Congreso nacional.
Por ejemplo, el tratamiento de una “ley espejo” al mega DNU, o la modificación de la ley 26.122 -aprobada durante el Gobierno de Cristina Kirchner- con el fin de permitir aprobaciones parciales del contenido de los decretos.
En La Libertad Avanza están al tanto de estos movimientos, y no descartan ninguna opción, pero la estrategia principal sigue siendo conseguir el aval al Mega DNU primeramente en la comisión Bicameral de Trámite Legislativo y luego en los recintos de las cámaras legislativas.
“Es una opción, pero la verdad es que si a la ley ómnibus que tiene más de 600 artículos le sumamos la discusión artículo por artículo del decreto, que tiene más de 300, el debate no terminaría más y lo que no nos sobra es tiempo para concretar las reformas”, sostuvo a NA un conspicuo diputado nacional de La Libertad Avanza.
La integración de la bicameral ya está resuelta del lado del Sendo, con los ocho nombres ya confirmados por la vicepresidenta Victoria Villarruel, pero la nómina de representantes de Diputados sigue pendiente por la disputa abierta sobre el cupo que le corresponde a Unión por la Patria (que exige cuatro lugares y le ofrecen tres).
