La Justicia falló a favor de las universidades públicas en su reclamo por la implementación de la Ley de Financiamiento que fue aprobada por el Congreso en septiembre del año pasado, en medio de las medidas de fuerza en las facultades por reclamos de aumentos salariales y de presupuesto.
De acuerdo al fallo que se conoció este martes, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Gobierno y le exigió que implemente de inmediato la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
Puntualmente, la medida cautelar exige que la administración pública cumpla de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que refieren a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre del 2025. También peticiona la recomposición de todos los programas de becas de los estudiantes.
En sus argumentos, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán plantean que resultan poco serios los agravios presentados por el Gobierno de Javier Milei relativos a que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta.
Además, resaltaron especialmente que el impacto fiscal de la aplicación de la cautelar es bajo y no se afecta sustancialmente el interés público. Por el contrario, indicaron, estaba en juego un derecho central de la Constitución como la educación superior pública.
La cautelar había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario. La presentación contaba con el respaldo de más de 40 universidades públicas.
