Por Redacción Grupo La Verdad
En el marco de una jornada de protesta que se desarrolla en las 20 departamentales de la provincia de Buenos Aires, desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) volvieron a poner en agenda una serie de reclamos estructurales dirigidos tanto a la Suprema Corte como al Gobierno provincial, vinculados a la situación salarial, la carrera judicial y el funcionamiento del sistema.
La medida, que en el caso del Departamento Judicial Junín se expresó mediante recorridas por distintas oficinas y encuentros con trabajadores, no implicó paro ni afectó la atención al público. Según explicaron desde el gremio, el objetivo fue visibilizar el malestar creciente en el sector y generar instancias de diálogo interno para relevar las problemáticas que se repiten en las distintas dependencias.
El secretario general de la AJB Junín, Fernando De Narda, señaló que uno de los ejes centrales del reclamo es el deterioro salarial, especialmente en los niveles más bajos de la escala. “Hoy los ingresantes están en una situación muy compleja. Hace diez años un salario inicial alcanzaba para cubrir la canasta básica, que hoy supera el millón de pesos, y actualmente un trabajador que recién ingresa cobra menos de 800 mil pesos, incluso con los últimos aumentos”, explicó.
En ese sentido, remarcó que el impacto es mayor en los trabajadores con menor antigüedad, quienes no acceden a adicionales que sí perciben aquellos con más años en el sistema. “Se generó un plus por antigüedad que comenzó a pagarse en 2023, pero dejó afuera a quienes tienen menos de diez años, que son justamente los que más están sintiendo la pérdida del poder adquisitivo”, indicó.
En relación a este punto, uno de los reclamos principales tiene que ver con la implementación de una subcategoría que había sido acordada en una mesa técnica entre la AJB y la Suprema Corte en diciembre del año pasado. Esa herramienta apuntaba a reconocer económicamente a un grupo de trabajadores que hoy no cuenta con mejoras salariales específicas.
“La Corte se había comprometido a avanzar con esta subcategoría, que permitiría incorporar a estos empleados a una escala más justa, pero en la última negociación paritaria no participó y el tema quedó sin tratamiento”, sostuvo De Narda, quien consideró que la situación requiere una resolución urgente.
Además del aspecto salarial, desde el gremio pusieron el foco en la falta de inversión en el Poder Judicial, lo que —según advirtieron— repercute directamente en las condiciones laborales y en la calidad del servicio de justicia. En ese marco, señalaron que el presupuesto destinado al sector se redujo significativamente en las últimas décadas, pasando de representar cerca del 7% del total provincial a alrededor del 4% en la actualidad.
Para De Narda, esta caída explica no solo el deterioro de los salarios, sino también las dificultades en materia de infraestructura, cobertura de vacantes y ampliación del sistema frente al crecimiento de la demanda. “Hoy hay una sobrecarga muy grande de trabajo en todas las dependencias. Se crean nuevos juzgados porque aumenta la cantidad de causas, pero no se acompaña con la incorporación de personal necesario”, explicó.
DIFICULTADES PUNTUALES
DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL
En el caso del Departamento Judicial Junín indicó que la problemática atraviesa distintos fueros, desde familia hasta penal, pasando por los juzgados de paz, donde la demanda creció de manera sostenida en los últimos años. A esto se suma la falta de cobertura de cargos, tanto de empleados administrativos como de magistrados, lo que impacta directamente en el funcionamiento cotidiano.
“Hay vacantes que no se cubren y eso recae en el esfuerzo del recurso humano existente, que termina absorbiendo una carga de trabajo cada vez mayor”, advirtió.
Por último, el dirigente gremial señaló que la jornada de protesta forma parte de un proceso de visibilización que podría escalar en caso de no obtener respuestas. “Esperamos que la Corte cumpla con el compromiso asumido y que se avance en un plan integral que contemple la mejora salarial, la implementación de la subcategoría, la inversión en infraestructura y la cobertura de vacantes. Si no hay respuestas, seguramente las medidas se van a profundizar”, concluyó.
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