En medio de su política de “motosierra” que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei desde que asumió, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) implementó un plan de retiros voluntarios dirigido a sus trabajadores permanentes con al menos dos años de antigüedad.
El plan de retiros voluntarios se publicó ayer en el Boletín Oficial con la Resolución 68/2026 como parte de “los lineamientos estratégicos para promover la mejora de la gestión pública y asistir en la reorganización del Sector Público Nacional”, que en la gestión de La Libertad Avanza se tradujo en un ajuste con el despido de unas 65.000 personas en la administración pública y organismos descentralizados.
La resolución marca la extensión del proceso de retiro voluntario hasta el 5 de abril para todos los empleados con más de dos años de antigüedad. Aquellos que se encuentren de licencia, podrán firmarlo con fecha diferida hasta su finalización.
Quienes adhieran al retiro voluntario recibirán el pago del 90% de la indemnización correspondiente por cada año trabajado de forma efectiva en Anses, calculada sobre los conceptos brutos mensuales, normales, regulares permanentes y habituales, con un tope de 24 haberes brutos.
El retiro se pagará en una cuota de pago único, hasta la suma de 80 millones de pesos y en los casos en que los importes superen dicha cifra, se efectuará en dos cuotas mensuales, iguales, y consecutivas.
En tanto, quedarán excluidos del plan de retiros quienes estén con procesos judiciales abiertos, procedimientos disciplinarios o quienes hayan iniciado trámite jubilatorio o presentado su renuncia, como quienes superen los 62 años y quienes tengan litigios laborales pendientes.
Los acuerdos resultantes de este régimen requieren homologación y asesoramiento letrado obligatorio, garantizando la validez legal del proceso y la transparencia en la extinción laboral. Los representantes de Anses ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria son los encargados de formalizar las extinciones laborales, lo que refuerza el marco normativo y administrativo del plan.
La restricción para reincorporarse a la administración pública nacional constituye una de las condiciones más estrictas del programa. Quienes acepten el retiro voluntario no podrán reingresar a ningún organismo estatal nacional bajo ninguna modalidad de contratación durante un período de cinco años. Esta disposición pretende desalentar la utilización del beneficio como mecanismo transitorio y consolidar la reducción de la nómina estatal.
