La Cámara de Apelaciones de Washington falló en contra de la Argentina en el juicio que mantiene con el fondo buitre Titan Consortium, por la expropiación de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas.
La demanda se originó en 2008 debido a la expropiación de la aerolínea de bandera, dispuesta por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
En 2017, un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) dictó un laudo condenando al país a pagar aproximadamente US$321 millones (más intereses y costas) en reclamo por la expropiación de las participaciones accionarias en Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur hace 18 años.
Luego del pedido de anulación del laudo por parte de la Argentina, finalmente quedó firme en 2019. Tiempo después, Titán Consortium -la firma que adquirió los derechos económicos derivados del laudo como cesionario de Teinver y otros- presentó una petición de reconocimiento y ejecución del laudo ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia en 2021.
En 2024, la Corte de Distrito rechazó la aplicación del plazo de prescripción de 3 años invocado por Argentina y resolvió que el plazo aplicable es de 12 años. Luego de ello, reconoció el laudo CIADI por un monto de US$390.907.115,55 al 10 de diciembre de 2024 (fecha de la sentencia) sumado a intereses posteriores a la sentencia.
El año pasado Argentina apeló, invocando un plazo de prescripción de 3 años frente al de 12 determinado en primera instancia, y la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia confirmó hoy la decisión de primera instancia, indicando que el plazo aplicable es el de 12 años por el monto final de más de US$390 millones.
Desde la Procuración del Tesoro informaron a la Agencia Noticias Argentinas que se encuentran analizando «todas las herramientas legales disponibles para revertir o al menos mitigar el impacto de esa sentencia» y señalaron que la causa se origina «en la herencia que arrastramos por décadas, producto de políticas estatistas y del costo institucional de volver a levantar un país que heredamos con más de US$30.000 millones en deudas por juicios perdidos.»
