La Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra, emitió hoy un dictamen que vuelve a cambiar la interpretación sobre las auditorías en las universidades. El sistema de control sobre las casas de altos estudios incorporará nuevamente a la Sindicatura General de la Nación sin necesidad de un convenio específico con cada institución. Este nuevo criterio da por tierra con el implementado por Carlos Zannini, ex procurador del Tesoro, en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández.
Antes de ese año, las universidades tenían mayor grado de control por parte de la SIGEN. Pero en noviembre de 2022, Zannini resolvió que a las universidades nacionales no se les debía aplicar el artículo 100 de la ley de Administración Financiera (cuyas disposiciones abarcan a toda la administración nacional, incluidos los entes públicos con autarquía financiera), con la justificación de un artículo incluido en el presupuesto de 2020.
El efecto de esta interpretación por parte de Zannini -encolumnado con Cristina Kirchner- resultó en que las universidades sólo podían ser auditadas cuando la Auditoría General de la Nación (AGN) y el Congreso lo dispusieran. Más tarde, en 2023 Jaime Perzyck, exministro de Educación, firmó un convenio con la SIGEN por el que comenzó un esquema optativo por parte de las casas de altos estudios, que podían solicitar una auditoría por parte del organismo.
La AGN depende del Congreso de la Nación y en la actualidad es presidida por Juan Manuel Olmos, ex vicejefe de Gabinete de la administración anterior.
El dictamen de Barra surgió a partir de un reingreso remitido por la Secretaría de Educación para que este organismo asesor “se expida nuevamente y en forma específica sobre los alcances de la aplicabilidad a las Universidades Nacionales del sistema de control interno que impone la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional”. El procurador del Tesoro retomó el antecedente de Zannini, pero avanzó en otra dirección.
La conclusión, conocida esta tarde, estableció: “En síntesis, a la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales, en tanto el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley de Educación Superior N.° 24.521″.
El presidente Javier Milei, en el acto del sábado en el flamante Palacio Libertad y esta mañana en una entrevista con LN+, insistió con el conflicto con las universidades públicas luego de haber logrado apoyo legislativo la semana pasada blindar el veto contra la ley de financiamiento a las casas de altos estudios. “Si no quieren ser auditados, debe ser porque están sucios”, dijo el mandatario el fin de semana.
Esta mañana, Milei debió aclarar que el gobierno no pretende que las universidades dejen de ser públicas y no aranceladas. “Prefiero terminar con la imagen destruida”, sostuvo al ser consultado por el costo político que pagan él mismo y su administración por el conflicto con las universidades. Las declaraciones del presidente respecto de que los estudiantes son “ricos” o integrantes de las “clases altas o media altas” fogonearon las tomas en el inicio de esta semana.
