Con virulencia, el proceso inflacionario sigue castigando semana a semana la economía doméstica de millones de argentinos. En el transcurrir de los primeros días de noviembre comenzaron a quedar reflejados los incrementos en las tarifas de gas y electricidad como consecuencia de la reducción gradual de subsidios dispuesta por el Gobierno de la Nación, que entró en vigencia en octubre. A los mismos se anexaron subas en las cuotas de las escuelas privadas, alquileres, expensas y servicio doméstico.
En medio de un contexto sumamente complejo, y a poco del aumento de los combustibles, los valores de los artículos de consumo masivo parecen no encontrar techo. El costo de los alimentos es uno de los ejemplos más notables, y entre ellos esta semana tomó notoriedad pública el nuevo precio del pan. La escalada constante de las variables de producción llevó a que la mayoría de las panaderías se viera en la obligación de remarcar sus elaboraciones.
El traslado directo de las alzas a un producto indispensable de la mesa cotidiana no resulta simpático para nadie. Pero el cuadro de situación no escapa a las generales y el pan ya cuesta entre 400 y 500 pesos por kilogramo en casi todas las ciudades del país. Según los datos publicados por el INDEC, correspondientes al mes de septiembre, el rubro de pan y cereales acumuló un 74 por ciento de incremento en todo el año. Lo que no es poco, para nada.
Casi sobre el cierre de la semana el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció formalmente el lanzamiento del programa Precios Justos -del que participan 102 empresas y por el cual los consumidores podrán encontrar más de 1.700 productos con precios fijos por 120 días- que es considerado por los funcionarios nacionales como “un punto de partida para garantizar el orden en los precios, previsibilidad y alivio en la mesa de los argentinos, abastecimiento, cuidar los dólares y evitar los abusos». Todo un desafío si se toman como punto de referencia experiencias de este tipo llevadas a la práctica anteriormente.
La crisis ahondada por la pandemia, y los efectos colaterales de la guerra entre Rusia y Ucrania sumados a la fragilidad económica que arrastra Argentina desde hace años establecieron un escenario plagado de dificultades del que parece cada vez más difícil poder escapar. Mientras tanto, el bolsillo del asalariado sigue siendo vapuleado y en el corto plazo no se vislumbra que el contexto vaya a cambiar.
