Por Redacción Grupo La Verdad
Con una holgada mayoría, y pese al rechazo oficialista, la oposición logró esta semana darle media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto de ley que declara la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio hasta el 31 de diciembre del 2026, pudiendo prorrogarse por un año más.
Con 148 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones, quedó aprobada la iniciativa que recompone las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023 conforme a la inflación acumulada en el período y actualiza el nomenclador para la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al IPC.
En el texto, el monto de las pensiones por discapacidad se mantiene en un valor del 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.
La oficina de Presupuesto del Congreso determinó que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones por Discapacidad significa un refuerzo fiscal de 1.889.371 millones de pesos y 3.627.495 millones.
Esta diferencia entre 1,8 billones de pesos y 3,6 millones de pesos se debe al número de beneficiarios «por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios» que podrían registrarse con la nueva ley, señaló la Oficina de Presupuesto.
En tanto, la compensación por el desfasaje entre el valor de la prestación y la inflación del 2024 tiene un costo $278.323 millones y el refuerzo para los talleres de producción de 7.160 millones de pesos.
La sanción de declaración de emergencia en discapacidad venía siendo reclamada por diversos sectores en todo el país, que vienen realizando marchas para reclamar a los legisladores que sancionen una ley para actualización los valores de las prestaciones y de las pensiones.
Sin aumentos
En Junín, al respecto, la licenciada en Kinesiología Paula Parisi manifestó que “trabajo con personas con discapacidad, el cobro de nuestro trabajo es 60 o 90 días de realizadas las prestaciones y los valores no los fijamos nosotros sino que se rigen por el Gobierno. Por eso pedimos el aumento de ese valor nomenclador, que se fija y este año no tuvo incrementos. En estos seis meses del año no hemos tenido aumentos, el último fue escalonado, del 9 por ciento, y se terminó de cobrar en diciembre”.
Parisi enumeró una serie de inconvenientes que padecen todos los trabajadores que se desempeñan en esta área, más allá de los kinesiólogos en sí.
“A veces no se puede pedir ante familias que no pueden pagar, entonces se achican las prestaciones, lamentablemente a veces se suspenden las sesiones porque no se pueden sostener. Esto involucra a las familias, no solo al paciente. No podemos brindar las prestaciones que necesitan, continuar los tratamientos, a veces ellos no pueden ir con el transporte a hacerse un estudio…es todo una cadena”, reseñó Parisi.
“Esta es una media sanción, es una lucha grande la que está llevando adelante mucha gente. Hay valores que se achican y eso afecta a todas las partes, hace unos años que venimos con esta problemática. Hasta el mes de diciembre tuvimos algunos aumentos chiquititos, pero desde entonces hasta la fecha nada”, acentuó la entrevistada.
Momento complejo
Esta semana, sobre el tema, Grupo La Verdad dialogó también con Paula Blanco, quien desde el área de Discapacidad del municipio expresó: “Sabemos que en estos días hubo movilizaciones en el país impulsadas por el sector, hay un nomenclador que está congelado desde hace meses y afecta a las personas que trabaja con personas con discapacidad. Sabemos que esto es desgarrador para las personas con discapacidad, impacta en la continuidad de las terapias y los tratamientos. Para las familias es una sobre carga esto”.
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