La Justicia Federal recibió una denuncia penal para investigar un presunto esquema de irregularidades vinculado a la implementación del plan de retiros voluntarios en el Ministerio de Justicia durante los años 2024 y 2025.
La presentación advierte, además, sobre la posibilidad de que el mismo mecanismo administrativo haya sido trasladado posteriormente al Programa de Atención Médica Integral (PAMI). La presentación llegó al Gobierno, que desmiente de manera tajante el tema.
La denuncia fue formulada por el periodista e investigador Fernando Miguez, en su carácter de presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, quien solicitó ante el fuero correspondiente ser aceptado como parte querellante en las actuaciones.
El escrito apunta contra María Florencia Zicavo (exjefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y actual síndica general del PAMI), Juan Cruz Montero (exsubsecretario de Gestión Administrativa y actual coordinador ejecutivo del PAMI), el abogado Danilo Sergio Montevidoni, Emilio Zicavo y demás personas que pudieran resultar identificadas en el curso de la instrucción.
Entre la nómina de posibles delitos objeto de investigación, el denunciante encuadró las conductas en negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito e inconsistencias en las declaraciones juradas patrimoniales.
La presentación aclara expresamente que los hechos expuestos constituyen hipótesis para ser investigadas por el Ministerio Público Fiscal y el juzgado interviniente, sin implicar afirmaciones categóricas de culpabilidad.
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