El escándalo del «Criptogate» recayó en la fiscalía de Eduardo Taiano, mientras su hijo Federico ocupa un cargo clave en el gobierno de Javier Milei. La imparcialidad de la investigación está en la mira.
El sorteo de la primera denuncia contra Javier Milei por el “Criptogate” derivó la causa al despacho de la jueza María Servini y al fiscal Eduardo Taiano. Sin embargo, un dato significativo emerge en este contexto: Federico Taiano, hijo del fiscal, desempeña un rol dentro del gobierno de Javier Milei, lo que genera dudas sobre la transparencia del proceso judicial.
Federico Taiano fue nombrado en agosto de 2024 como jefe de la “Unidad Bienes Decomisados”, un área creada especialmente para él y que depende directamente del ministro del Interior, Guillermo Francos. Antes de asumir este cargo, trabajó con Cristian Ritondo en la provincia de Buenos Aires, cuando este ocupaba el Ministerio de Seguridad durante la gestión de María Eugenia Vidal. Actualmente, Ritondo es presidente del PRO y lidera su bloque en la Cámara de Diputados.
Un fiscal, un hijo y una causa sensible
El avance de la investigación sobre la presunta estafa con criptomonedas involucra a funcionarios y allegados al oficialismo. La designación del fiscal Taiano en la causa cobra relevancia no solo por la posición de su hijo en el Gobierno, sino también por la decisión del Senado de rechazar la creación de una comisión investigadora. Con este escenario, el esclarecimiento del “Criptogate” queda exclusivamente en manos de una fiscalía con fuertes vínculos dentro del oficialismo.
A pesar de esto, el fiscal imputó al presidente Milei por su presunta participación en la promoción de la criptomoneda $LIBRA. No obstante, las relaciones entre el fiscal y el Ejecutivo siembran dudas sobre la objetividad del proceso.
El abogado penalista Marcos García se refirió a la situación: “El fiscal Taiano debe excusarse de seguir interviniendo en la causa, tal como lo establece el Código Penal de la Nación en su artículo 64, inciso 2. Si no lo hace, la jueza Servini, con pleno conocimiento de sus vínculos con el Gobierno, tiene la obligación de removerlo según el artículo 65, inciso 2. De lo contrario, ambos podrían ser sometidos a un proceso de juicio político en el Senado”. LF / MG / GML
