La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) denunció formalmente a la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) por presunto incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo y advirtió sobre el impacto que el conflicto genera en la actividad agroexportadora, especialmente en el puerto de Bahía Blanca.
La entidad empresaria presentó una nota ante la Directora Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, en la que solicitó la intervención urgente de la autoridad laboral y la aplicación de sanciones por considerar que el gremio vulneró la paz social establecida durante el período de conciliación.
Bahía Blanca, el puerto más afectado
Según la CPPC, la situación más delicada se registra en el complejo portuario de Bahía Blanca, donde delegados sindicales habrían comunicado a las empresas terminales la decisión de no realizar horas extraordinarias y de impedir el reemplazo o la reasignación temporal de trabajadores entre distintos sectores operativos.
Aunque las horas extras son voluntarias, desde la Cámara sostienen que constituyen una práctica habitual y necesaria dentro del esquema de trabajo permanente de la actividad agroexportadora, que opera bajo un régimen de funcionamiento continuo durante todo el año. La imposibilidad de reorganizar personal entre áreas, agregaron, afecta la recepción de granos y dificulta la normal prestación de servicios.
Camiones demorados
Como consecuencia de estas medidas, la entidad indicó que ya se registran más de 400 camiones demorados o varados en las inmediaciones del puerto de Bahía Blanca, situación que impacta sobre el transporte terrestre, la logística y el cumplimiento de compromisos de exportación.
En paralelo, la CPPC defendió la propuesta salarial presentada en la negociación paritaria previa al dictado de la conciliación obligatoria. De acuerdo con la entidad, la oferta contempla una recomposición anual del 31,99% para el período enero-diciembre de 2026, porcentaje que, según afirmaron, se ubica por encima de las proyecciones oficiales de inflación.
Además, incluye el pago de una suma extraordinaria equivalente a $359.095 para los trabajadores de tercera categoría, con montos proporcionales para el resto de las escalas y un esquema de cancelación en dos cuotas consecutivas a partir de agosto.
Desde la Cámara señalaron que la propuesta busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores y cuestionaron que el sindicato haya decidido mantener medidas que, a su entender, afectan la actividad pese a la vigencia de la conciliación obligatoria.
El conflicto se desarrolla en un momento clave para la cadena agroexportadora, uno de los principales sectores generadores de divisas del país. La evolución de las negociaciones y la eventual intervención de la Secretaría de Trabajo serán determinantes para evitar nuevas demoras en la operatoria portuaria y garantizar la continuidad del flujo de exportaciones.
